Un comunero de Huancané podría ser condenado a seis años de prisión efectiva por el delito de disturbios, sin prueba material, solo con declaraciones de tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú. John Richard Condori Ccapa de 29 años de edad, natural de la comunidad de Caylloma distrito de Cojata provincia de Huancané, fue intervenido en Lima el 20 de enero de 2023 durante una marcha contra el gobierno de Dina Boluarte.
El proceso judicial se tipificó bajo el delito de disturbios; la sentencia de primera instancia fue emitida el 28 de octubre de 2024 por un juzgado especializado mixto de Lima, fijando además una reparación civil de S/5 000 y una multa comunitaria superior a S/1 500.
«A mí como persona se me imputa el caso de disturbios, condenándome a seis años sin ninguna prueba, solo en base a la declaración de tres policías», declaró Condori Ccapa, calificando la medida como injusta.
Contexto de las protestas y antecedentes judiciales
Las protestas de enero de 2023 se enmarcaron en la crisis política nacional tras el golpe de estado fallido de Pedro Castillo; en Juliaca, el 9 de enero de 2023, fallecieron más de 20 ciudadanos puneños en enfrentamientos con fuerzas del orden, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
Casos similares se registraron en Cusco, donde también jóvenes enfrentan procesos por el mismo delito de disturbios; el denominado caso San Marcos también involucra a manifestantes detenidos en Lima durante las mismas jornadas de protesta de 2023, según declaró el propio imputado.
Dirigentes del magisterio y de organizaciones sociales de Puno se movilizaron en respaldo a Condori Ccapa; advirtieron que, de confirmarse la condena, convocarán a las 13 provincias de la región para una movilización de protesta regional, conforme declararon en la concentración pública.
Proceso judicial: sala, jueces y audiencia de apelación
La audiencia de segunda instancia quedó programada para el 20 de mayo de 2025 a las 9:30 horas ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, sede central, a cargo de los jueces Geriz Cisneros, Ceballos Durán y Cirilo Diestra.
«Solo hay tres declaraciones de suboficiales de policías que señalan que arrojaba piedras y usaba guaraca, pero dicen al mismo tiempo que no sabían quién era con certeza», explicó Condori Ccapa; añadió que no existe video ni prueba documental que lo vincule directamente a los hechos imputados.
Dirigentes sociales cuestionaron la pasividad de las autoridades y del Defensor del Pueblo ante estos procesos; «se hace llamar defensor del pueblo, pero parece defensor del gobierno,» señaló un vocero de las organizaciones presentes en la concentración de apoyo.
Análisis, obstáculos y proyecciones del caso
El caso evidencia una asimetría judicial: los manifestantes son procesados con rapidez, mientras que ningún efectivo policial fue sentenciado por las muertes en Juliaca; organismos de derechos humanos internacionales, como la CIDH, han señalado este patrón en el Perú desde enero de 2023.
Los principales obstáculos para la defensa son la escasez de prueba de descargo, la distancia geográfica entre Puno y Lima, y el uso de testigos policiales como única evidencia de cargo; la individualización del proceso dificulta, además, una estrategia colectiva de defensa legal.
Si la Quinta Sala Penal de Apelaciones confirma la condena el 20 de mayo, la defensa evaluará recurrir a instancias superiores; de revocarse, el caso se convertiría en precedente para decenas de manifestantes procesados en Lima y otras regiones del sur del Perú desde 2023.
