Una medida cautelar emitida el 9 de mayo por el juez Guido Chevarría Tisnado desató una investigación preliminar por presunta irregularidad judicial, según confirmó Víctor Arias Calvo, juez de control Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Puno. La resolución judicial controversial motivó que dirigentes de San Román organizaran protestas en la capital regional y presentaran denuncias formales ante múltiples instancias.
Los representantes de la provincia de San Román arribaron a la ciudad de Puno para manifestarse frente a la Corte Superior de Justicia, exigiendo la destitución inmediata del magistrado Chevarría Tisnado. La protesta se desarrolló como parte de una estrategia coordinada que incluye acciones legales contra el funcionario judicial cuestionado por la ciudadanía.
Durante su estadía en Puno, los dirigentes presentaron una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia, solicitando el inicio de un proceso disciplinario que conduzca a la separación definitiva del juez de sus funciones. Esta acción legal busca que las autoridades competentes evalúen la conducta profesional del magistrado.
Las acusaciones contra Chevarría Tisnado se fundamentan en informes periodísticos que lo vinculan con presunto tráfico de procesos judiciales relacionados con disputas sobre propiedades de terrenos y viviendas en la región. Los dirigentes sostienen que el magistrado habría actuado de manera parcial en beneficio de determinadas partes.
El director de la Comisión de Intervención Inmediata de la ODANC se reunió con los dirigentes de San Román y confirmó que las investigaciones preliminares comenzaron oficialmente tras la difusión de las acusaciones en medios de comunicación y redes sociales. Esta respuesta institucional demuestra la atención que merecen las denuncias ciudadanas.
Víctor Arias Calvo informó que las indagaciones buscan esclarecer si el juez actuó de manera parcial o incurrió en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El funcionario de la ODANC precisó que el proceso investigativo determinará las responsabilidades correspondientes del magistrado cuestionado.
Las investigaciones representan una prueba clave para evaluar la transparencia del sistema judicial en Puno, según manifestaron los propios dirigentes de San Román. De confirmarse las responsabilidades del juez Chevarría Tisnado, se aplicarán las sanciones establecidas por el marco legal, incluida la posibilidad de destitución.
El caso ha generado gran expectativa en la población puneña, pues representa una oportunidad para demostrar el compromiso de las instituciones judiciales frente a posibles actos de corrupción. Los dirigentes expresaron su confianza en que las autoridades competentes actúen con la diligencia que requiere la gravedad de las acusaciones.
