El caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y más de 40 implicados, enfrenta acusaciones por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Fuerza Popular, liderado por Fujimori, habría recibido financiamiento ilegal de grandes grupos empresariales, incluyendo Odebrecht, para las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Entre los principales acusados se encuentran Mark Vito, exesposo de Fujimori; Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona. Para estos siete implicados, incluyendo a Keiko Fujimori, el Ministerio Público solicita una pena de 30 años y 10 meses de prisión por los delitos mencionados, además de obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado, presidido por la jueza Juana Mercedes Caballero, declarar como reos contumaces a Melissa Keiko Sasaki, Juan Luna Frisancho e Ytalo Pachas Quiñones. Estos acusados, que residen en el extranjero, no asistieron de manera presencial a la audiencia como lo exige el marco legal peruano.
El colegiado acogió el pedido del fiscal, declarando reos contumaces a los mencionados acusados. Esta decisión se fundamenta en que, pese a ser debidamente notificados, no comparecieron a la audiencia sin presentar motivos justificados para su ausencia. La declaración de reo contumaz implica un acto de rebeldía hacia el proceso judicial y permite que el juicio continúe a pesar de su falta de comparecencia.
La resolución de declarar reos contumaces a los acusados ausentes se dio en un contexto de diversas complicaciones procesales. Por ejemplo, la abogada Yeni Vilcatoma solicitó que no se instalara el juicio oral, pidiendo una comisión que verifique la situación de salud de su cliente, Luis Mejía Lecca. Asimismo, se debatió sobre la participación virtual de algunos acusados por motivos de salud, como Adriana Tarazona.
El juicio ha generado gran expectativa y tensión en la opinión pública peruana. La presencia de manifestantes tanto a favor como en contra de Keiko Fujimori en los alrededores de la Corte Penal Nacional, así como las medidas de seguridad adoptadas por el fiscal Pérez, quien llegó portando un chaleco antibalas, subrayan la importancia y sensibilidad de este caso en el panorama político y judicial del país.
