El juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles se instaló oficialmente este lunes, tras una serie de intentos por parte de la defensa de los acusados para anular el proceso. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Juana Mercedes Caballero García, rechazó los pedidos de nulidad presentados por los abogados defensores.
La audiencia de instalación del juicio estuvo marcada por la presentación de múltiples recursos de nulidad por parte de los abogados de los acusados. Estos argumentaron una serie de supuestas vulneraciones durante el proceso, alegando que no se les había dejado claro sobre qué se iban a defender.
Entre los que buscaron retrasar la instalación del juicio se encontraba la abogada Giulliana Loza, defensora de Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez cuestionó la estrategia de Loza, señalando que su argumentación representaba una queja contra su propia defensa.
La excongresista Yeni Vilcatoma, abogada de Luis Mejía Lecca, también solicitó que no se diera por instalada la audiencia, pidiendo que se verificara previamente el estado de salud de su cliente. Sin embargo, estas solicitudes fueron desestimadas por el tribunal.
Tras evaluar los pedidos de nulidad y escuchar los argumentos de la Fiscalía, el colegiado de jueces tomó la decisión de declarar improcedentes los recursos presentados. La presidenta del tribunal, Mercedes Caballero García, anunció formalmente el rechazo a la solicitud para anular el juicio contra Keiko Fujimori y los demás investigados.
Con esta decisión, el Poder Judicial procedió a instalar oficialmente el juicio oral contra Keiko Fujimori y los demás acusados en el caso Cócteles. Este paso marca el inicio formal del proceso judicial que busca determinar la responsabilidad de los implicados en los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
El caso Cócteles, que involucra a más de 40 acusados además de Fujimori, se centra en la presunta recaudación ilegal de fondos para las campañas electorales de 2011 y 2016. La Fiscalía sostiene que se utilizaron eventos de recaudación como fachada para «blanquear» aportes irregulares de empresas, incluyendo supuestos aportes de la constructora Odebrecht.
