El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo ha comenzado en medio de acusaciones de persecución política. El abogado, Moisés Callasaca, asegura que Castillo se siente víctima de un proceso y cuestiona la imparcialidad del sistema judicial. Esta situación ha generado dudas sobre el respeto al debido proceso y la igualdad de condiciones en el caso.
Pedro Castillo ha rechazado ser representado por un abogado de su elección o uno de oficio, lo que ha complicado su defensa. Ante esta negativa, el juez designó un defensor público para garantizar la continuidad del juicio. Esta decisión ha levantado interrogantes sobre la estrategia legal de Castillo y su posible impacto en el desarrollo del proceso.
Moisés Callasaca, abogado, explica que la ley obliga a asignar un defensor para evitar que el proceso se vea afectado. Sin embargo, esta medida podría ser utilizada por Castillo para argumentar una falta de defensa adecuada en el futuro. El principio de igualdad de armas, clave en el sistema penal, exige que todos los acusados tengan las mismas oportunidades para defenderse.
Los cargos contra Castillo incluyen rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, relacionados con su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2021. Callasaca cuestiona si estos hechos realmente configuran el delito de rebelión, lo que podría ser un punto clave en la defensa del expresidente.
El juicio se llevará a cabo en audiencias programadas, aunque no con la frecuencia que algunos esperaban. Callasaca insiste en que el cronograma establecido por los jueces debe respetarse para garantizar un proceso justo. La defensa de Castillo podría argumentar que no ha tenido las mismas oportunidades para presentar su caso, lo que añade más controversia a un proceso ya de por sí polémico.
