El subgerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de San Román, Henry Apaza Laura, informó que cada uno de los dos faroles destruidos por un vehículo el fin de semana en Juliaca cuesta entre cuatro y cinco mil soles, totalizando ocho a diez mil soles en daños a bienes públicos.
Apaza Laura confirmó que la Policía Nacional detuvo al conductor involucrado y ya identificó a la empresa vinculada al vehículo como posible responsable de cubrir todos los gastos de reposición de estos elementos del alumbrado urbano de la ciudad.
La Procuraduría Municipal presentó la denuncia en la comisaría correspondiente, el lunes se llevó a cabo una audiencia para iniciar las acciones legales por daños a faroles que forman parte del patrimonio público de Juliaca.
El conductor enfrentará primero un proceso penal por el destrozo ocasionado, luego un procedimiento administrativo bajo la Ordenanza 01-2024 que castiga afectaciones al ornato y bienes municipales de la provincia San Román.
Apaza Laura precisó que la posible ebriedad del conductor aún no se confirma, dato que integra la investigación policial en curso, mientras la Procuraduría evalúa si la empresa asumirá el costo íntegro por los faroles afectados.
El funcionario advirtió sobre desgaste en otros faroles del jirón Ayacucho, por lo que equipos municipales realizarán una inspección técnica detallada para elaborar un informe completo sobre el estado general del alumbrado público en esa zona céntrica.
La Municipalidad de San Román exige el pago total de ocho a diez mil soles por las dos unidades destruidas, monto que el responsable deberá cubrir según los procesos legales y administrativos ya activados en defensa del patrimonio urbano.
Centeno Nina añade que estas prácticas acumulan contratos innecesarios, lo que incrementa la burocracia en la Municipalidad de Puno y complica la ejecución de obras, además de desviar recursos recaudados hacia plazas ajenas a las necesidades reales de la población.
El secretario general manifiesta que el sindicato tiene pendiente una reunión con el alcalde Ponce, recién llegado de Lima, para abordar estos temas, y exige que la Contraloría Regional actúe de oficio tras las denuncias formales presentadas desde el año pasado.
