La provincia de San Román permanece sin un procurador municipal titular desde hace casi dos años, situación que afecta la defensa legal de más de 400 mil habitantes. Marcelino Mamani Lima, presidente del barrio Zarumilla de Juliaca, denunció esta problemática que perjudica gravemente a la institución municipal de la zona.
El dirigente vecinal reveló que el actual procurador encargado es titular de San Antonio de Putina, lo que impide atender eficientemente los casos de San Román. Mamani Lima explicó que esta sobrecarga laboral genera abandono de procesos legales importantes, especialmente los relacionados con invasiones territoriales que afectan al barrio Zarumilla y otras zonas de la provincia.
La ausencia de un procurador exclusivo responde aparentemente al bajo presupuesto asignado para el cargo, según informó el líder vecinal. Mamani Lima señaló que «el monto presupuestado es exiguo» y no corresponde a la alta carga procesal que enfrenta una provincia con álgidos problemas territoriales y administrativos que requieren defensa legal especializada.
Anteriormente, la provincia contó con procuradores encargados provenientes de Lampa y Cabanillas, quienes tampoco pudieron dedicarse exclusivamente a San Román. Esta rotación constante de profesionales compartidos impide el seguimiento adecuado de casos judiciales cruciales, exponiendo el patrimonio institucional municipal a pérdidas y sentencias adversas por supuesto abandono procesal.
El presidente del barrio Zarumilla solicitó públicamente al alcalde provincial incrementar el presupuesto destinado a la procuraduría municipal. Mamani Lima desconoce oficialmente el monto comunicado a la Procuraduría General del Estado, liderada por la doctora María Carvajulca, pero exige una remuneración considerable acorde a la responsabilidad del cargo.
La designación de un procurador titular depende exclusivamente de la alcaldía de San Román, entidad responsable de comunicar a la Procuraduría General del Estado la disponibilidad presupuestal. Una vez informado el haber correspondiente, recién se podrá convocar a concurso público para nombrar al profesional que asuma la titularidad y defienda los intereses municipales.
Los vecinos organizados exigen solución inmediata ante la vulnerabilidad jurídica que atraviesa la municipalidad provincial. La falta de defensa legal adecuada pone en riesgo el patrimonio institucional, mientras procesos contra invasores territoriales y otros litigantes avanzan sin la representación profesional que merece una provincia de la magnitud poblacional de San Román.
