El Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte después de los ataques contra Agua Marina en Lima y el intento de linchamiento del periodista Phillip Butters en Juliaca, casos que rompieron el silencio legislativo mantenido ante más de 5,000 muertes por criminalidad durante su gestión, según el analista político Iván Trujillo Hilasaca.
El Legislativo reaccionó únicamente cuando figuras públicas de alto perfil mediático fueron agredidas, revelando una doble moral que ignora víctimas anónimas, pero responde ante casos con influencia nacional, según Trujillo Hilasaca, quien cuestiona por qué las muertes de ciudadanos comunes no generaron la misma urgencia parlamentaria.
Trujillo Hilasaca cuestiona las credenciales del nuevo presidente José Jerí, quien enfrenta denuncias por violación durante su periodo congresual, argumentando que carece de idoneidad moral para ejercer la presidencia bajo el artículo 113 constitucional que permite convocar nuevas elecciones por incapacidad permanente.
El analista sostiene que Jerí funciona como marioneta del Congreso, similar a Boluarte, mientras los congresistas mantienen el control real del poder, y la población exige que salgan no solo la presidenta vacada sino también sus ministros y todos los parlamentarios actuales.
La Fiscalía debe solicitar inmediatamente el impedimento de salida del país para Boluarte mientras el Congreso retira su inmunidad presidencial conforme a los artículos 99 y 100 constitucionales, considerando las acusaciones por represión en el sur durante 2022 y 2023, además de corrupción vinculada a «Los Waykis en la sombra».
El Congreso ejecutó la vacancia por presión popular insostenible y cálculo electoral, ya que más del 90% de congresistas buscan reelección como senadores o diputados, tras rechazar seis mociones anteriores por casos como operaciones estéticas y Rolex que fueron archivadas sistemáticamente.
Las bancadas de Fuerza Popular, Acuña, Cerrón y otras fuerzas que conforman la coalición gobernante cambiaron su posición solo cuando la presión ciudadana se volvió inmanejable, evidenciando que la decisión respondió más a conveniencia política que a principios democráticos o justicia para las víctimas de la violencia estatal.
