El presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero Juliaca Raúl Samillán Sanga, advirtió que el país experimenta una dictadura consolidada contra los derechos humanos ya que la amenaza de eliminar las fiscalías especializadas pone en serio peligro las investigaciones de las cincuenta vidas asesinadas por el Estado durante las protestas sociales del año pasado.
El líder social alertó que cerrando estas oficinas fiscales ya no habrá forma de investigar futuros asesinatos. Las personas que salgan a protestar o rechazar autoridades serán investigadas por fiscalías antiterroristas o de crimen. Este cambio representaría una criminalización de la protesta social en todo el territorio nacional.
La asociación de víctimas venía advirtiendo al país sobre la consolidación progresiva de este régimen político. La captura del Ministerio Público mediante la colocación del fiscal José Gálvez pone en riesgo el curso de todas las investigaciones abiertas por violaciones a los derechos humanos.
Denuncian coordinación entre poderes
Samillán Sanga señaló una clara coordinación entre los diferentes poderes del Estado para beneficio mutuo. El nuevo fiscal Gálvez se reunió ya con el presidente del Congreso de la República. Esta acción sugiere eliminar las fiscalías de derechos humanos en todas las regiones del país.
Las víctimas continuarán levantando sus voces sin detener su búsqueda de justicia contra el Estado. «El compromiso es firme aunque deban ser asesinados o encarcelados por este camino. Ellos no permitirán más asesinatos contra el pueblo», expresó el dirigente respecto a la resistencia social.
Los familiares de las víctimas carecen totalmente de recursos económicos para defenderse en procesos judiciales. La mayoría son obreros o agricultores con ingresos muy bajos en sus actividades productivas por lo cual no podrían pagar un abogado particular para sus casos contra el Estado peruano.
Recorte de 80 millones afecta investigaciones
El Estado recortó ochenta millones de soles al presupuesto del Ministerio Público en el año fiscal. Este ajuste monetario pone en riesgo todas las investigaciones judiciales abiertas por violaciones de derechos. Las víctimas ven afectado su acceso pleno a la justicia y reparación por los hechos.
La falta de presupuesto afecta directamente los peritajes de antropología forense necesarios para las investigaciones. Solamente diez peritajes se llevarán a cabo dejando a muchos casos sin cobertura técnica adecuada. Samillán llamó al pueblo a la unidad para detener la destrucción institucional del país.
