El excandidato a la decanatura del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, Wilmer Quiroz Calli, afirmó que las próximas elecciones institucionales se desarrollarán con total normalidad y transparencia, mientras señaló que únicamente los investigados por el fraude electoral registrado en el proceso anterior deben abstenerse de participar en la convocatoria programada para febrero de 2026.
El abogado destacó que el nuevo comité electoral fue elegido mediante sorteo durante la asamblea del 5 de enero, sin intervención de grupos ni personas externas, lo que garantiza un proceso democrático diferente al anterior que terminó anulado por irregularidades graves como la participación de personas ajenas a la institución en las mesas de votación del denominado «anforazo».
Quiroz Calli precisó que las denuncias contra los miembros del comité electoral anterior y los responsables de mesa continúan en investigación fiscal y policial, aunque hasta el momento ni la fiscalía ni la Policía Nacional lo han citado para ampliar su denuncia sobre las irregularidades que incluyeron coordinaciones mediante chats para manipular el proceso electoral en la ciudad de Puno.
El excandidato rechazó los intentos de involucrarlo en el fraude electoral, afirmando que la población y los colegas abogados conocen que él denunció públicamente las graves irregularidades para evitar que personas vinculadas a esos hechos asuman cargos honorables en la institución que agremia a 10 mil profesionales del derecho en la región.
Quiroz defendió el derecho constitucional de elegir y ser elegido para todos los abogados habilitados, señalando que nadie puede prohibir la participación de candidatos en las próximas elecciones, excepto quienes tengan responsabilidad comprobada en el fraude anterior, mientras evalúa su posible postulación considerando el respaldo recibido de colegas y candidatos al consejo directivo.
El abogado enfatizó que la imagen institucional del ICAP no ha caído porque la responsabilidad del fraude recae exclusivamente en el comité electoral y miembros de mesa que participaron irregularmente, no en los 10 mil agremiados que ejercieron legítimamente su derecho al voto en un proceso posteriormente declarado nulo por el decano transitorio.
