Con un plantón en los exteriores del Ministerio Público de la ciudad de Juliaca, los deudos y familiares de los mártires del 9 de enero recordaron los tres meses de aquel fatídico día. Además, exigieron que la investigación de los hechos se realice en la ciudad de Juliaca y no en Lima, tras la pretensión de trasladar la carpeta fiscal a la capital, lo que consideraron un acto de dilatación.
El presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de enero, Raúl Samillán, indicó que, al pretender trasladar la carpeta fiscal a la ciudad de Lima, se busca dilatar el tiempo para que los responsables de las cerca de 20 muertes continúen en libertad.
«Hay casos emblemáticos, como La Cantuta, que continúan en investigación hace 30 años y no hay justicia. El Estado peruano se ha dedicado a blindar a asesinos. No estamos de acuerdo con ello, mucho menos con la reprogramación de las investigaciones», expresó.
Por otro lado, el padre de Nelson Pilco, joven que murió aquel fatídico 9 de enero, exigió justicia para su hijo y señaló que no descansará hasta que los culpables de su muerte paguen por esta pérdida. La hija de Marcos Quispe, otra de las víctimas de aquel día, entre lágrimas dijo que su padre fue asesinado a pesar de que no participaba en las movilizaciones. Por lo tanto, exigió justicia y que el caso sea tratado en Juliaca, al ser el lugar donde ocurrieron los hechos.
