El presidente del mercado Micaela Bastidas de Juliaca, Wilfredo Paco, presentó documentación oficial de la fiscalía que ratifica la legalidad de esta plaza comercial, desmintiendo acusaciones de informalidad de parte del municipio provincial, que han afectado psicológicamente a los comerciantes durante años.
«No somos ilegales ni informales», afirmó categóricamente Paco mientras mostraba la disposición fiscal que reconoce la validez de sus permisos y autorizaciones obtenidas desde 1997, cuando se realizó el cambio de uso de «cancha volante» (área deportiva) a zona comercial mediante la Resolución 669.
La documentación presentada incluye la Ordenanza Municipal N°13-2017 y diversas autorizaciones para construcción de estructuras metálicas, las cuales, según la propia fiscalía, «gozan de plena vigencia en cuanto favorezcan al administrado», conforme a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional 016-19-2023 P-TC.
El desarrollo del mercado se remonta a convenios tripartitos entre la municipalidad, el terminal y los comerciantes, estableciendo claramente las dimensiones de los puestos de venta de 2 por 2.20 metros y formalizando la construcción de la plataforma comercial donde los propios comerciantes aportaron recursos mientras el municipio proporcionó la mano de obra.
En 2016, mediante resolución emitida por el entonces alcalde Osewaldo Marín, se otorgó la autorización para la instalación de carpas y construcción de servicios higiénicos, complementada posteriormente por la Resolución 862 que reafirmaba estos permisos.
«Personalmente he sufrido un trauma psicológico y los compañeros de Micaela Bastidas un trauma emocional», relató Paco al recordar los intentos de desalojo y acusaciones de ilegalidad que enfrentaron sin que las autoridades consultaran la documentación existente que ahora el Ministerio Público y el Poder Judicial han validado.
Los comerciantes de Micaela Bastidas continuarán sus actividades en el área determinada oficialmente para uso comercial, respaldados por esta reciente disposición fiscal que reconoce su estatus legal tras años de incertidumbre administrativa.
