El Gobierno Regional de Puno se encuentra bajo la lupa de las autoridades ambientales tras ser captado en flagrancia vertiendo desmonte directamente al río Torococha de la ciudad de Juliaca, una acción que podría derivar en una seria denuncia penal con posibles consecuencias legales de hasta seis años de prisión y una multa cercana a los 53 millones de soles.
La evidencia comprometedora quedó registrada en una fotografía reveladora donde un volquete oficial de color rojo, crema y blanco, perteneciente al Gobierno Regional, descargaba escombros en el afluente el pasado 3 de febrero durante las horas de la tarde, específicamente entre las urbanizaciones Sol de Oro y Santa Flora de la ciudad de Juliaca. Según la misma versión de los vecinos el mal ejemplo lo pone el mismo Gobierno Regional de Puno.
Al respecto, Bisvani Emérita Figueroa Valencia, jefa de la Autoridad Local del Agua en Juliaca, confirmó que ya se encuentran realizando una exhaustiva verificación de los hechos, evaluando la gravedad de la infracción según el artículo 277 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, cuyas sanciones pueden oscilar desde 0.5 hasta 10,000 unidades impositivas tributarias.
Un técnico de la institución se desplazó inmediatamente al lugar para identificar al responsable directo, con el propósito de realizar una notificación formal que permita al infractor presentar sus respectivos descargos y confrontar las posibles sanciones que se determinen tras la investigación correspondiente.
Paralelamente, el procurador de la Municipalidad Provincial de San Román realizó una visita al lugar de los acontecimientos, donde los vecinos manifestaron su preocupación por la situación, argumentando que ninguna autoridad había prestado atención al problema durante más de una década de ocupación irregular del territorio.
El gerente municipal Dante Coazaca Núñez señaló la necesidad imperiosa de demoler las 90 viviendas identificadas como construcciones ilegales dentro de la faja marginal del río Torococha, ratificando el estado de emergencia declarado hasta junio de 2025 y comprometiéndose a trabajar coordinadamente con la Autoridad Nacional del Agua.
La resolución directoral número 288-2018-ANA establece claramente que tanto el margen derecho como el izquierdo del río deben mantener una distancia de 10 metros libres, normativa que servirá como base legal para las acciones de desalojo y recuperación del espacio público que serán implementadas en los próximos meses.
