Cerca de 300 kilos de pescado en descomposición fueron incautados en el primer día de operativos sanitarios en Juliaca, revelando los riesgos alimentarios que enfrenta la población durante esta temporada de alta demanda. La Municipalidad Provincial de San Román, junto a SANIPES, DIREPRO y la PNP, ha desplegado brigadas especiales en mercados, puestos ambulantes y establecimientos comerciales para garantizar la inocuidad de los productos hidrobiológicos que se comercializan masivamente en estas fechas religiosas.
El departamento de Control Sanitario municipal detectó graves infracciones sanitarias durante las primeras revisiones, encontrando no solo pescado en proceso de descomposición sino también materiales en desuso que comprometían la cadena de frío y manipulación adecuada de los alimentos. Los inspectores han advertido que cualquier comerciante que incumpla los protocolos establecidos enfrentará sanciones económicas y administrativas.
La iniciativa busca proteger específicamente a los consumidores juliaqueños, quienes tradicionalmente incrementan su consumo de pescados y mariscos durante la Semana Santa por motivos religiosos y culturales. Las autoridades han enfatizado que los controles no discriminan entre vendedores formales e informales, aplicando los mismos estándares de calidad en todas las modalidades de venta.
Estos operativos responden a experiencias negativas de años anteriores, cuando se reportaron casos de intoxicación alimentaria vinculados al consumo de productos pesqueros en mal estado. Los inspectores evalúan aspectos como temperatura de conservación, condiciones organolépticas, documentación de procedencia y prácticas de manipulación por parte de los comerciantes.
Las autoridades sanitarias han programado inspecciones sorpresa durante toda la semana para mantener la presión sobre los comerciantes y evitar prácticas fraudulentas como el remojo de pescado para aparentar frescura o la venta de especies no autorizadas. El trabajo interinstitucional permite cubrir simultáneamente diferentes zonas comerciales de la ciudad, maximizando el impacto de los controles.
Los comerciantes formales han recibido con beneplácito estas medidas, argumentando que contribuyen a una competencia más justa y protegen la reputación del sector. Sin embargo, algunos vendedores ambulantes consideran excesivas las exigencias, alegando que carecen de infraestructura adecuada para cumplir con todos los requisitos sanitarios exigidos por las normas vigentes.
