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Juliaca: nueva denuncia exige vacancia de Ovidio Tumi por cambio de domicilio

El pedido se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades y llega tras el rechazo a su suspensión por presunta extorsión en Juliaca

Dirigente Orlando Fernández solicitó la vacancia del regidor Ovidio Tumi tras verificar que cambió su domicilio a Lampa, según registros del DNI

Tras el blindaje unánime que recibió el regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Ovidio Tumi, en la sesión del último viernes para evitar su suspensión por una presunta extorsión, ahora enfrenta un nuevo pedido de vacancia. Esta vez, el proceso se basa en el cambio de domicilio fuera de la jurisdicción de San Román.

Orlando Fernández Sejje, dirigente de la ciudad de Juliaca, presentó el 22 de diciembre una solicitud formal ante la presidencia del Concejo Municipal. El pedido se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que exige que las autoridades residan dentro de la jurisdicción donde fueron elegidas.

Según los registros del Documento Nacional de Identidad (DNI), el regidor Tumi cambió su domicilio el 12 de mayo de 2024. El cambio fue de la provincia de San Román a la calle San José, en la provincia de Lampa, donde presuntamente se estaría preparando para postular como candidato en futuras elecciones.

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En la sesión anterior, el Concejo Municipal rechazó la solicitud de suspensión presentada por el dirigente Antero Pimentel. Esto ocurrió pese a la existencia de pruebas sobre transferencias bancarias a nombre de la hija y el cuñado de Tumi durante la ejecución de una obra, depósitos que el propio funcionario reconoció públicamente.

Fernández cuestionó duramente a los regidores por no investigar las evidencias presentadas y por atacar a quien denunció los hechos. Señaló que su función legislativa y fiscalizadora los obliga a verificar las acusaciones en las entidades bancarias correspondientes.

Finalmente, el dirigente expresó dudas sobre el resultado del nuevo pedido de vacancia, al señalar que “ya lo van a blindar” nuevamente. Sin embargo, reconoció que en esta ocasión existe un sustento legal más sólido, tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades como en el Reglamento Interno del Concejo, que será difícil de ignorar.

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