El expresidente del proyecto integral de agua y desagüe de la provincia de San Román, Crisóstomo Benique Apaza, revela que el proyecto integral de agua y desagüe de Juliaca enfrenta serias irregularidades después de que la empresa COVANOR abandonara las obras, dejando deudas millonarias con trabajadores y proveedores que comprometen el suministro hídrico.
Este proyecto estratégico, valorado en cinco millones de soles y respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo, quedó paralizado cuando la constructora COVANOR se retiró inesperadamente, generando una crisis que afecta gravemente el avance de esta infraestructura vital.
La ausencia de una planta de tratamiento de aguas residuales representa un riesgo ambiental crítico para la ciudad, ya que los dirigentes temen que los ríos se taponen nuevamente, causando graves problemas de contaminación y sufrimiento a toda la población juliaqueña.
Crisóstomo identifica la desunión entre líderes locales como un obstáculo fundamental para ejercer fiscalización efectiva, señalando que algunos dirigentes alquilan sus locales al proyecto o emplean familiares, limitando así la supervisión independiente de las obras en ejecución.
La Unidad Coordinadora del Proyecto, establecida específicamente en Juliaca, opera con más de veintidós trabajadores cuyos salarios se financian directamente del presupuesto asignado, representando un gasto de millones de soles anuales que reduce los recursos disponibles para construcción.
Esta oficina coordinadora tiene la responsabilidad de supervisar licitaciones y contratos, pero no logró detectar los antecedentes negativos de la empresa COVANOR, que previamente había enfrentado problemas similares en proyectos ejecutados en la región del Cusco.
Durante el año anterior, esta unidad administrativa gastó dieciocho millones de soles únicamente en pagos de personal, recursos que provienen del préstamo principal del proyecto y la contrapartida gubernamental, no del financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo.
La población juliaqueña exige transparencia total y acciones inmediatas para resolver estas anomalías administrativas, demandando que el proyecto avance sin más dilaciones para garantizar finalmente el acceso universal al agua potable y salvaguardar los legítimos intereses de todos los ciudadanos.
