El dirigente Claudio García Choqueluque convocó a la población a recordar la masacre del 9 de enero de 2023 en Juliaca, donde decenas de ciudadanos fueron asesinados durante protestas sociales, mientras advierte que candidatos presidenciales que guardaron silencio ante aquellos hechos ahora llegan a la región buscando votos en plena campaña electoral 2026.
El dirigente juliaqueño denunció que tras tres años de la masacre no existe ningún detenido, pese a que existen videos del operativo en el aeropuerto, planes de operaciones militares identificados y autores intelectuales señalados como la expresidenta Dina Boluarte y el exministro Alberto Otárola, además de autores materiales plenamente identificados que ejecutaron las muertes bajo órdenes directas.
García Choqueluque responsabilizó a fiscales y jueces de perseguir a manifestantes en lugar de investigar a los responsables de los asesinatos, señalando que el actual gobierno de José Jeri carece de legitimidad democrática y representa un régimen que no fue elegido por el pueblo peruano, mientras las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia sin respuesta del Estado.
El dirigente hizo un llamado contundente a la población puneña para rechazar a los candidatos presidenciales, congresistas y autoridades que durante la crisis de 2023 dieron la espalda a la región, avalaron la represión con su silencio y ahora pretenden obtener votos presentándose hipócritamente como representantes del pueblo en el actual proceso electoral.
García enfatizó que la memoria histórica no debe negociarse con quienes permitieron la masacre, recordando que en el aeropuerto de Juliaca se ejecutó un plan militar para asesinar manifestantes mientras la clase política nacional ignoraba los reclamos regionales, por lo que llamó a mantener viva la exigencia de justicia como único camino para honrar a los caídos.
La conmemoración del tercer aniversario de la masacre de Juliaca se realizó con una vigilia donde familiares de las víctimas renovaron su compromiso de no abandonar la búsqueda de justicia, mientras organizaciones sociales exigen la investigación y sanción de todos los responsables de aquella jornada que marcó la historia reciente de la ciudad altiplánica.
