El exdecano del Colegio de Abogados de Puno, Juan Echenique Cáceres, confirmó que el regidor de la provincia de San Román Ovidio Edgar Tumi Miranda afronta acusaciones por cohecho pasivo impropio, según el artículo 394 del Código Penal.
Este delito contempla penas de cinco a ocho años de prisión efectiva, además de inhabilitación y multa, por solicitar ventajas económicas a cambio de asegurar la adjudicación de obras.
El abogado explicó que los depósitos bancarios realizados a nombre de la hija del regidor, Adrew Aremy Tumi Panca, y de su cuñado, Vercilli Villan Panca Yana, constituyen elementos de convicción suficientes para iniciar una investigación formal.
Señaló que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar investigaciones de oficio apenas tome conocimiento del caso y indicó también que el procurador municipal debería presentar una denuncia formal para acelerar el proceso penal contra el regidor, quien, según dijo estaría dando un mal ejemplo al utilizar su condición de fiscalizador para cometer actos de corrupción.
Además, precisó que tanto la hija como el cuñado del regidor podrían ser considerados cómplices del delito de cohecho por permitir que sus cuentas bancarias se usen para recibir dinero ilícito. Las investigaciones, afirmó, deberán definir el grado de responsabilidad de cada uno dentro del esquema de cobros indebidos que comprometería a toda la familia.
Advirtió que negar los vínculos familiares con los beneficiarios de los depósitos agrava la situación legal del regidor, especialmente cuando existen documentos oficiales, como partidas de nacimiento, que demuestran la relación directa entre él y los receptores del dinero proveniente del Consorcio Tambopata, empresa encargada de ejecutar obras municipales.
Finalmente, sostuvo que el empresario que entregó el dinero también debe ser investigado, ya que el cohecho involucra tanto a quien ofrece como a quien acepta el soborno
