En la urbanización Santa Catalina de Juliaca se registró un violento desalojo familiar que ha conmocionado a la población, donde Ángel Sillo Pacori, presunto trabajador del área de cobranzas de la Municipalidad Provincial de San Román, habría expulsado a sus propios padres y hermanos de su vivienda utilizando a más de 40 personas, según denuncian los afectados en medio de una protesta que realizaron en la plaza de armas.
Román Sillo Mamani y Flora Pacori Hallasi, padres del denunciado de 80 años de edad, relataron que fueron agredidos físicamente por su propio hijo durante el desalojo ocurrido en horas de la madrugada del pasado viernes, cuando aproximadamente 40 personas ingresaron violentamente al predio familiar alrededor de las cuatro de la mañana, según testimonio de los afectados.
Mary Sillo Pacori, hermana del acusado, denunció que durante el desalojo fueron agredidos con fierros de construcción y palos, además de ser bañados con agua fría mientras eran expulsados de la propiedad. Los cinco miembros de la familia desalojados, tres mujeres, el padre octogenario y un hermano varón, permanecieron temblando en la comisaría hasta las cinco de la mañana tras presentar la denuncia formal correspondiente.
La familia señala que Ángel Sillo Pacori habría falsificado documentos de propiedad del predio para justificar el desalojo, cuando legalmente la vivienda corresponde a una sucesión intestada de una hermana mayor fallecida sin descendencia. El padre de familia obtuvo sentencia favorable a su favor, sin embargo, el presunto trabajador municipal insistió en expulsar a todos del inmueble mediante la fuerza y amenazas.
El padre Román Sillo Mamani se encontraría muy grave de salud y teme por su vida tras la agresión sufrida, cuando su hijo lo agarró del cuello intentando asfixiarlo con ayuda de su cuñada durante el violento episodio. La familia completa se encuentra actualmente sin hogar y ha protestado en la plaza de armas exigiendo justicia y protección policial.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía correspondiente, sin embargo, hasta el momento no existe respuesta oficial ni medidas de protección para los afectados, quienes continúan manifestándose públicamente solicitando que las autoridades intervengan en este caso que involucra a un presunto servidor municipal en actos de violencia familiar y despojo.
