El exrector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), Juan Luque Mamani, confirmó que la institución ya no tiene plazo para obtener el licenciamiento según información oficial de la SUNEDU. Esto corrobora que el actual rector Félix Ochatoma incumplió su promesa de campaña, tras presentar dos carreras en octubre que fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos.
El exrector reveló que en agosto solicitó información directa a la SUNEDU sobre el plazo de licenciamiento de la universidad. La entidad le confirmó categóricamente que este había vencido, lo que significa que cualquier nuevo intento requeriría cumplir con condiciones básicas de calidad más estrictas y formar una nueva estructura asociativa según la normativa vigente.
Luque Mamani recordó que Ochatoma prometió durante su campaña presentar el licenciamiento en tres meses después de asumir el rectorado. Sin embargo, dedicó ese tiempo a conflictos internos con su vicerrector y recién en octubre presentó dos carreras ante la SUNEDU que fueron rechazadas, confirmando el fracaso del proceso que debía concretarse.
El exrector alertó sobre la posible conformación de una nueva asociación de 18 personas que reemplazaría a la fundación promotora original. Advirtió que estos integrantes podrían convertirse en los futuros dueños del patrimonio universitario valorado en 400 millones de soles, más 68 millones en efectivo que pertenecen al pueblo de Juliaca.
Luque Mamani enfatizó que debe intervenir de inmediato la comisión designada por el Ministerio de Educación y la SUNEDU, conforme a la ley aprobada entre octubre y noviembre de este año. Exigió que la actual gestión entregue toda la documentación sobre ingresos, egresos y patrimonio para evitar irregularidades administrativas.
Finalmente, el exrector coincidió casualmente con Ochatoma en una notaría, aunque aclaró que su visita respondía a trámites particulares. Reiteró que las autoridades actuales deben informar de manera transparente la situación real de la universidad y esperar la intervención oficial sin realizar acciones que comprometan el patrimonio institucional que pertenece a la comunidad juliaqueña.
