Los vecinos de la urbanización San Santiago en Juliaca viven una situación crítica tras denunciar amenazas de muerte por parte de propietarios y personal de seguridad de locales nocturnos ubicados en el jirón Obelisco. La presidenta de la junta vecinal, Delia Coaquira Adco, informó que más de 17 vecinos ya solicitaron garantías para sus vidas ante la Subprefectura.
Según la denuncia, las amenazas se hicieron más frecuentes durante las rondas mixtas que los vecinos realizaban junto a la Policía Nacional. En esas ocasiones, personal de seguridad de los locales nocturnos les habría advertido que los matarían “como a la señora Sara de Villa Hermosa del Misti”, palabras que fueron escuchadas por varios residentes y generaron temor en toda la zona.
“Nos han dicho directamente que nos van a matar. Varios vecinos han escuchado esto y se han sentido muy asustados”, señaló Coaquira. Además, denunció que estos nightclubs funcionarían sin licencia y que existiría presunta corrupción en instancias municipales y policiales, lo que permitiría que sigan operando pese a las constantes quejas vecinales.
En una asamblea realizada el 10 de enero, los vecinos acordaron solicitar garantías de vida ante la Subprefectura y pedir al alcalde de Juliaca que asuma la administración del espacio en disputa. También relacionaron la falta de control a estos locales con el caso no resuelto de Edwin Ticona, cuyo cuerpo fue hallado en la urbanización San Santiago sin que hasta ahora se haga justicia.
El conflicto barrial se agravó luego de conocerse que Delia Coaquira enfrenta cinco denuncias presentadas por un grupo de vecinos encabezado por Julio Apaza Coaquira y otros de sus familiares y vecinos. Estas denuncias la acusan de agresión a una adulta mayor de 83 años y de falsificación de firmas.
La presidenta vecinal indicó que dichos cargos fueron desestimados tras una pericia grafotécnica y el archivo de tres casos el año pasado. Asimismo, precisó que fue citada a la comisaría de Ramón Castilla junto al alcalde y al coordinador de juntas vecinales por una faena realizada el 29 de noviembre, aunque sostiene que las resoluciones judiciales 15, 30, 49 y 50 confirman que los terrenos en disputa son de uso público, destinados a recreación y educación.
