El Concejo Municipal de San Román destituyó por unanimidad al regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda tras comprobarse su cambio de domicilio de San Román a Lampa. La votación, con 13 votos a favor, incluyó al alcalde y los 12 regidores presentes en la sesión extraordinaria del 27 de enero de 2026. El motivo fue la infracción al numeral 5 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prohíbe a las autoridades modificar su residencia fuera de su jurisdicción.
El cambio de domicilio, registrado en su DNI el 2 de mayo de 2024, fue confirmado por la ficha del RENIEC, Tumi Miranda, elegido en 2022 con domicilio en Juliaca, buscaba postularse como candidato a la alcaldía de Lampa en 2026. Según fuentes, habría viajado semanalmente a esa provincia para tejer alianzas políticas, incluso confesando sus intenciones a periodistas locales.
Tumi Miranda renunció en mayo de 2024 al movimiento Moral y Desarrollo, con el que llegó al cargo, para afiliarse en octubre al partido Progresemos de Óscar Zea. Su patrimonio declarado incluye un lote, una vivienda y acciones en la constructora Tumi & Pej S.A.C., con ingresos anuales de S/ 24,800. Su estrategia política quedó al descubierto cuando el Jurado Nacional de Elecciones reveló su nueva afiliación.
Durante la sesión, el regidor argumentó que el cambio fue “netamente administrativo y familiar”, pero el pleno rechazó su defensa. “El cambio de domicilio debe ser real, permanente y verificable”, recordó un abogado citando resoluciones del JNE, como la 299-2025, que anuló vacancias basadas solo en trámites registrales.
El abogado de Tumi Miranda insistió en que el cambio en el DNI no acredita un traslado efectivo. “Mi cliente sigue viviendo y trabajando en Juliaca”, afirmó, presentando documentos que probarían su residencia habitual. Sin embargo, el Concejo consideró que la ley no admite interpretaciones: el domicilio legal debe coincidir con la jurisdicción del cargo.
El regidor, ingeniero civil por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, alegó que su familia sigue en Juliaca. “¿Por qué cambiaría mi DNI si aquí están mis hijos y mi trabajo?”, cuestionó. Pero los regidores recordaron que la ley no distingue entre domicilio “administrativo” y “real” para efectos de vacancia.
La sesión estuvo marcada por tensiones. El dirigente Orlando Fernández Sejje, autor del pedido, denunció un “blindaje” a Tumi Miranda, acusando a algunos regidores de recibir sobornos. “Hay capturas de chats y denuncias periodísticas que lo prueban”, declaró, sin ofrecer pruebas concretas durante el debate.
Tumi Miranda evitó responder sobre supuestas extorsiones a empresarios, alegando que “no declararía sin un proceso formal”. Su silencio generó sospechas, especialmente tras revelarse que el fiscal William Otazú solicitó levantar el secreto bancario de sus cuentas y las de su familia.
La votación unánime reflejó el peso de la ley sobre las alegaciones personales. “Aquí no hay persecución, sino cumplimiento de normas”, declaró un regidor. El alcalde, al emitir su voto, subrayó que “la transparencia no admite excepciones, menos cuando hay intereses electorales de por medio”.
El acuerdo es apelable ante el JNE en 15 días, pero la resolución del Concejo es firme. Tumi Miranda anunció que recurrirá, aunque su futuro político en Lampa queda en duda tras esta destitución.
