Dos de los ocho investigados por terrorismo en la región Puno, denunciaron amedrentamiento, persecución y difamación. Mariluz Chahuara Benito y Antero Pimentel Esquivias coordinan la interposición de denuncias al estado y a los responsables del antejuicio por terrorismo.
Según ellos, las investigaciones por terrorismo nunca tuvieron suficientes indicios para aperturar las carpetas fiscales y solo se buscaba amedrentarlos y evitar sus reclamos al gobierno de Dina Boluarte y ejercer su derecho a la protesta.
Antero Pimentel Esquivias afirmó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidenció que solo el estado utilizó el sistema del terror para acallar los reclamos juntos del pueblo. Según él, hubo asesinatos extrajudiciales, uso desproporcionado de armamento de guerra contra civiles, lo que representó una violación de los derechos humanos.
El Ministerio Público inició una serie de investigaciones en marzo pasado para saber si los dirigentes puneños que impulsaron las protestas contra Dina Boluarte tenían investigaciones o procesos pendientes por terrorismo. Concluyó que ningún implicado tenía antecedentes por dichos ilícitos.
