La corrupción ha penetrado profundamente en las instituciones del Perú, convirtiéndose en un sistema generalizado que afecta a todas las esferas sociales. Según Eduardo Herrera Velarde, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, este fenómeno involucra tanto a autoridades como a empresarios y ciudadanos, creando una red de prácticas irregulares que socavan la confianza y el progreso del país.
En una entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, destacó que el problema no solo se limita a la acumulación de riqueza. El abuso de poder se ha normalizado, generando estructuras jerárquicas y autoritarias que marginan a los sectores más vulnerables, generando la desigualdad social.
La ciudadanía percibe la corrupción como un mal endémico y adopta una actitud de resignación, delegando la responsabilidad de cambio a las futuras generaciones. Esta pasividad contribuye a la perpetuación de un sistema donde el Estado maltrata a los ciudadanos más pobres, creando un ambiente de impunidad y desesperanza que afecta la cohesión social, señaló, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.
Para el experto, la configuración actual del poder en Perú carece de una comprensión ética fundamental: el poder es transitorio y debe ejercerse con responsabilidad. Mientras no se asuma esta premisa, la corrupción continuará siendo un obstáculo para el progreso nacional, debilitando las instituciones y destruyendo las expectativas de desarrollo.