El presidente de la Corte Superior de Puno Benny Álvarez Quiñones destacó que el 98% de juzgados cumple metas de productividad pese a carencias estructurales. Jueces y personal judicial aceleran procesos con infraestructura obsoleta y equipos limitados. La medición se basa en sentencias emitidas no en trámites.
«El compromiso del personal es nuestra mayor fortaleza» reconoció Álvarez. El sistema nacional fija metas por especialidad mientras una plataforma digital monitorea avances en tiempo real. Puno opera con menos juzgados y personal que otras regiones según el magistrado.
Los juzgados de paz letrados enfrentan mayor sobrecarga. Concentran la mayoría de casos de alimentos requiriendo coordinación con bancos y registros. Una nueva ley permite que gobiernos locales inviertan en infraestructura judicial para aliviar estas limitaciones.
Tecnología y alianzas impulsan la modernización judicial
El gobierno regional y municipalidades apoyan la construcción de la Unidad de Flagrancia en Juliaca. Este complejo reunirá a jueces fiscales y policías para agilizar procesos penales. Se proyecta su inauguración para marzo 2025 según informó la corte.
La digitalización de expedientes avanza para eliminar el papeleo. Esta medida busca optimizar tiempos, aunque persisten retos tecnológicos. Álvarez destacó la disposición de alcaldes para mejorar equipamiento en sedes judiciales.
Puno supera indicadores nacionales con creatividad operativa. Mientras el presupuesto nacional limita contrataciones los jueces priorizan casos sensibles como alimentos mediante estrategias colaborativas con otras instituciones públicas.
Esfuerzo institucional contrasta con carencias históricas
Solo 2% de juzgados no alcanza la meta productiva según reportes oficiales. El presidente judicial enfatizó que «la carga procesal excede la capacidad instalada». Falta personal especializado y espacios adecuados para atender la demanda ciudadana.
Las salas laborales y civiles muestran rendimiento destacado pese a condiciones adversas. El monitoreo digital revela que muchos jueces superan los porcentajes mensuales establecidos por el Poder Judicial nacional.
La población comienza a percibir mayor celeridad en sus casos. Este avance se sustenta en jornadas extendidas y reorganización interna más que en mejoras estructurales según admiten fuentes judiciales.
Inversión local complementa falta de recursos nacionales
Proyectos como la Unidad de Flagrancia representan un modelo de gestión asociada. Álvarez confirmó que reciben apoyo técnico del gobierno regional para implementar sistemas digitales que agilicen audiencias.
Los jueces priorizan capacitación en herramientas tecnológicas. Esta formación busca optimizar el trabajo con los recursos disponibles mientras esperan refuerzos presupuestarios del gobierno central.
Puno escribe un caso de éxito en eficiencia judicial. Contra todo pronóstico la región demuestra que con voluntad institucional se pueden superar limitaciones históricas en el acceso a la justicia.
