La Fiscalía de la Nación ha estado boicoteando la investigación sobre la masacre del 9 de enero llegando incluso a quitarle la carpeta a un fiscal que estaba avanzando con algunas diligencias y se las pasó a otro que se quedó con los brazos cruzados.
Así lo cuenta el periodista Américo Zambrano quien detalló que la Fiscalía de la Nación calificó a la masacre no como un caso de violación a los derechos humanos sino como un caso relacionado al crimen organizado.
Es así que la investigación recayó en la fiscalía provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada a cargo de Guido Pilco.
El fiscal empezó con las diligencias, entre ellas recibió los informes forenses que encontraron fragmentos de munición calibre 7.62 mm en 6 cadáveres.
Sin embargo, solo tres días después de que inicien las investigaciones, le quitaron el caso y se lo dieron a la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Román, a cargo del fiscal provincial Ernesto Rojas Cayllahua.
“Hasta donde tenemos conocimiento esta fiscalía no ha realizado ninguna diligencia. Simplemente está recibiendo la información que la Policía, la institución comprometida en las muertes, le está entregando”, informó el abogado de IDL, Carlos Rivera.
