La minería informal en La Rinconada distrito de Ananea en la provincia de San Antonio de Putina, domina desde hace 23 años, generando explotación laboral, evasión de impuestos y una ola de inseguridad que autoridades no controlan. Los dirigentes Fermín Mayta Huaricallo, Juvenal Sandro Gil Hallasi y Fabián Quispe Paco expusieron cómo esta ilegalidad perjudica a miles de trabajadores y facilita la delincuencia.
Los mineros informales, llamados cachoreros, carecen de derechos laborales y salarios justos, mientras los operadores evaden responsabilidades legales. Mayta Huaricallo detalló que estos trabajadores llevan dos décadas en condiciones de explotación, sin acceso a beneficios sociales ni protección estatal.
Juvenal Sandro Gil Hallasi reveló que, pese al proceso de formalización iniciado en 2002, ningún operador minero en La Rinconada cumple con la ley. Subrayó que la informalidad permite a los dueños de minas evitar impuestos, dañar el medio ambiente y negar vínculos laborales con los obreros.
La inseguridad ciudadana crece porque las víctimas de robos o extorsiones no pueden denunciar, según Gil Hallasi. Al no tener ingresos formalizados, los pobladores temen ser investigados por lavado de activos si acuden a la policía, lo que convierte a la zona en un imán para delincuentes.
Los criminales actúan con impunidad, aseguró el dirigente. Roban minerales como el oro, pero las denuncias no prosperan porque los afectados no pueden acreditar la procedencia legal de sus bienes. En contraste, las empresas formales de la zona colaboran con la policía y registran menos ataques.
Fabián Quispe Paco rechazó las acusaciones en redes sociales que los tildan de “enemigos de La Rinconada”. Cuestionó que defender los derechos de los mineros mal pagados sea considerado un delito, y aclaró que la población rechazó el estado de emergencia en una consulta popular legítima.
Los dirigentes acusaron a algunos operadores de presentar documentos falsos en Lima para imponer el estado de emergencia, sin consultar a los pobladores. Insistieron en que la medida no resolvería la informalidad, pero sí restringiría derechos fundamentales.
La falta de servicios básicos agrava la crisis. El centro de salud local, con 30 años de abandono, no tiene medicamentos, infraestructura ni personal suficiente. Quispe Paco lamentó que muchos mineros accidentados mueran por la falta de atención médica urgente, mientras el Estado y la Corporación Minera brillan por su ausencia.
