La Fiscalía de Lavado de Activos de Puno ordenó el traslado compulsivo del obispo Jorge Carrión Pavlich, quien se negó a declarar en dos citaciones sobre su presunta implicación en un escándalo de malversación de bienes eclesiásticos. El caso involucra a Alex Aníbal Cano Arce, canciller de la Diócesis de Puno, acusado de lavado de activos y peculado doloso.
Cano Arce, agente pastoral y policía de inteligencia en actividad, habría utilizado su posición para vender ilegalmente objetos religiosos de alto valor, como cuadros de la escuela cusqueña y piezas de oro y plata. Además, se le vinculan transacciones inmobiliarias irregulares, incluyendo la compra de 300 hectáreas en una zona con posibles yacimientos de litio.
Las investigaciones revelan que las actividades de Cano Arce no se limitan a Puno, sino que también habrían operado en las diócesis de Huancané, Juli y Ayaviri. La Fiscalía planea citar a los obispos de estas jurisdicciones para esclarecer su relación con el investigado.
El silencio del obispo Carrión
Monseñor Jorge Carrión Pavlich, considerado clave en la presunta red de corrupción, ha evitado colaborar con la justicia. Su negativa a declarar llevó a la Fiscalía a ordenar su traslado forzoso con apoyo policial.
Aunque aún se desconoce el monto total de las pérdidas, se sospecha que las transacciones ilegales podrían ascender a sumas millonarias. El fiscal Carlos Iscarra Pongo espera informes de Registros Públicos y la Sunat para cuantificar el daño.
La Procuraduría bajo cuestionamiento
Mientras el escándalo crece, la Procuraduría del Estado mantiene un silencio que ha generado críticas. Joao Arriarán García, representante de la entidad, declaró que “espera indicaciones de sus superiores”, lo que ha sido interpretado como falta de acción.
Este escándalo no solo expone una presunta red de corrupción al interior de la Iglesia, sino que también pone en riesgo el patrimonio cultural y religioso de Puno. Los fieles esperan respuestas claras mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.
