La demora en el envío de documentos por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha generado preocupación en Azángaro, donde el abogado Elvis Juárez Palma cuestiona la lentitud del trámite. Según explica, esta situación afecta el avance del proceso de vacancia contra el alcalde Salvador Apaza Flores, que fue anulado por errores procedimentales y debe reiniciarse desde cero.
El JNE anuló el procedimiento anterior debido a fallas en la forma en que se llevó a cabo, sin pronunciarse sobre el fondo del caso, que involucra una acusación de presunto nepotismo. Juárez Palma señala que tanto el alcalde como el solicitante inicial de la vacancia habían solicitado la nulidad, lo que derivó en esta resolución.
La nueva resolución establece un plazo máximo de 15 días para que el concejo municipal convoque una sesión sobre la vacancia. Sin embargo, este plazo solo comienza una vez que los documentos ingresen por mesa de partes, algo que aún no ha ocurrido según las autoridades locales.
El abogado advierte que esta lentitud podría deberse a la burocracia o a posibles intereses externos. En procesos anteriores, menciona, la falta de acción por parte de los solicitantes ante el JNE contribuyó al estancamiento de los trámites, aunque en otros casos los procedimientos avanzaron con mayor rapidez.
Además, Juárez Palma indica que los solicitantes actuales no parecen estar gestionando activamente el avance del proceso. Una nueva solicitud para adherirse al pedido de vacancia también está pendiente y deberá ser discutida en una sesión del concejo municipal.
En cuanto a la defensa del alcalde Salvador Apaza Flores, esta se centró en los errores procedimentales y no en la acusación. Por ello, la resolución del JNE solo abordó aspectos formales y dejó pendiente el análisis del fondo del caso.
Un documento fechado el 18 de marzo confirma que el JNE remitió los actuados a la Municipalidad Provincial de Azángaro. Juárez Palma advierte que, si no se registra su ingreso, los responsables podrían enfrentar consecuencias legales por incumplimiento.
El abogado estima que este nuevo proceso podría extenderse entre seis y ocho meses debido a los plazos legales y posibles recursos. Subraya la importancia de que ambas partes sustenten adecuadamente sus argumentos ante el JNE para evitar más demoras.
La población sigue atenta al desarrollo del caso y exige celeridad en las gestiones para garantizar un proceso justo y transparente. Juárez Palma insiste en que las autoridades deben actuar con responsabilidad para resolver esta situación.
