La Ley 31876 sigue siendo tema de debate entre profesionales, quienes opinan que esta norma establece un parámetro importante para las autoridades de entidades públicas. Según su análisis, esta ley permitirá una mayor supervisión en el desarrollo de los expedientes técnicos, lo que asegura la calidad de los proyectos.
El ingeniero Emilio Turpaud señaló que las obras por administración directa solían realizarse por motivos políticos, a menudo para cumplir promesas de campaña. Esto llevó a que los gobiernos regionales y municipales utilizarán estos proyectos como una especie de “caja chica”, desviando fondos que no estaban originalmente presupuestados, lo que perjudicaba su ejecución adecuada.
El especialista destacó que, gracias a la limitación de presupuesto a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), aproximadamente 250 mil soles, este tipo de prácticas ya no serán posibles. Además, recordó que existe un número significativo de obras paralizadas a nivel nacional y en la región de Puno. Por lo tanto, la normativa actual debe priorizar la atención en la elaboración de expedientes técnicos y establecer responsabilidades claras para quienes los creen.
Por otro lado, el exfuncionario del gobierno regional, Juan Cayro, mencionó que la Ley 31876 evitará que las entidades públicas establezcan relaciones comerciales con empresas proveedoras con las que solían hacer contratos. Esto solía causar retrasos en la entrega de materiales que no cumplían con las especificaciones del expediente técnico.
Cayro enfatizó la importancia de contar con profesionales competentes en la elaboración de estos documentos, ya que son fundamentales para la ejecución exitosa de un proyecto. La calidad del expediente técnico y la gestión adecuada a lo largo de todas las etapas del proyecto son clave para evitar problemas y retrasos en su ejecución.
