El abogado penalista Julio César Espinosa fue el primero en alertar públicamente sobre los alcances de la Ley 32181. La revelación jurídica generó una inmediata reacción en los sectores legales, poniendo en evidencia aspectos críticos de la reforma promulgada por la presidenta Dina Boluarte.
La nueva ley deroga la detención preliminar en casos donde no existe flagrancia delictiva. Espinosa destacó cómo esta modificación representa un cambio radical en los mecanismos de investigación judicial, desmantelando estrategias tradicionales de persecución penal utilizadas históricamente por fiscales y jueces.
El jurista advirtió sobre las consecuencias de la normativa en sectores judiciales y fiscales. La eliminación de esta herramienta investigativa podría debilitar significativamente las acciones contra la criminalidad organizada y los casos de corrupción que requieren una intervención judicial rápida.
Riesgos de una Reforma Judicial
Según Espinosa, la reforma no solo limita los procedimientos judiciales, sino que abre potenciales resquicios legales. La investigación del penalista evidenció cómo la ley podría beneficiar indirectamente a organizaciones criminales y personas bajo investigación judicial.
El abogado cuestionó el proceso de aprobación de la Ley 32181, señalando que muchos congresistas votaron sin comprender completamente el alcance de la normativa. La crítica legal se centró en la falta de transparencia y análisis profundo durante su tramitación.
Julio César Espinosa hizo un llamado urgente a la revisión de la ley, advirtiendo sobre los riesgos de su aplicación.
