El contador Juan Cairo Rojas advierte sobre la controversia que ha generado la ley 32201, que permite a ciertos grupos regularizar ingresos no declarados pagando solo el 10% de estos, lo que ha desatado un debate sobre justicia tributaria y posibles beneficios para quienes manejan capitales importantes.
Rojas señala que la informalidad domina gran parte de la economía peruana, dificultando que muchas personas, incluidas aquellas con actividades lícitas, justifiquen sus ingresos ante las autoridades. Esta falta de respaldo documental ha llevado a investigaciones por lavado de activos, afectando especialmente a comerciantes y trabajadores independientes.
El contador destaca que el sistema financiero ha endurecido la fiscalización con la digitalización de transacciones mediante aplicaciones como “Yape” y “Plin”. Los bancos ahora deben reportar a la SUNAT movimientos superiores a 7 UITs (alrededor de 36,050 soles anuales), lo que busca garantizar que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.
La ley 32201 ofrece un régimen excepcional para quienes no declararon ingresos hasta el 31 de diciembre de 2022. Permite regularizar la situación tributaria pagando solo el 10% de los ingresos no declarados, incluyendo dinero en cuentas bancarias, bienes y propiedades. Esta norma abarca actividades como alquileres, préstamos y comercio, y ofrece una oportunidad para formalizar capitales de origen no declarado.
Sin embargo, Rojas advierte que esta ley otorga beneficios a un grupo reducido, como la posibilidad de repatriar capitales del extranjero con una tasa preferencial del 7%. Además, el corto plazo para acogerse al beneficio limita su alcance y blinda a los acogidos de fiscalizaciones por parte de SUNAT y el Ministerio Público. Esto genera cuestionamientos sobre su parecido con una medida similar durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
El analista resalta que, aunque la ley excluye a personas con dinero en países de alto riesgo, condenados por delitos tributarios, lavado de activos, terrorismo y funcionarios públicos, existen riesgos de simulación. Testaferros podrían argumentar actividades lícitas para justificar capitales y evadir las restricciones.
Finalmente, Rojas insta al Congreso a revisar la ley, ampliar los plazos y garantizar que los beneficios incluyan a un mayor número de contribuyentes. Advierte que es crucial analizar quiénes realmente se favorecen y cuánto deja de recaudar el Estado, para evitar que esta medida beneficie a unos pocos en detrimento de la mayoría.
