El Congreso aprobó por insistencia la Ley 32293, una norma que, según el abogado Iván Trujillo Hilasaca, pone en grave peligro las tierras comunales y la existencia misma de las comunidades campesinas. Esta ley permitiría otorgar derechos individuales sobre terrenos que históricamente pertenecen a la comunidad, lo que podría abrir la puerta a su fragmentación y pérdida definitiva.
Para el abogado Iván Trujillo Hilasaca, las tierras comunales son el corazón de las comunidades campesinas, ya que garantizan su identidad y autonomía. Sin este territorio compartido, advierte que estas comunidades simplemente dejarían de existir, afectando no solo su cultura sino también sus derechos colectivos.
La Constitución peruana protege con claridad las tierras de las comunidades campesinas al declararlas imprescriptibles, es decir, no pueden ser arrebatadas ni transferidas fácilmente. Sin embargo, el abogado señala que la Ley 32293 contradice este principio al permitir la individualización de derechos sobre estos terrenos.
El abogado Iván Trujillo Hilasaca alerta que esta norma podría beneficiar a grandes empresas mineras y madereras, facilitándoles el acceso a tierras comunales. Esto debilitaría la protección legal que actualmente tienen las comunidades frente a intereses privados y económicos.
Recordó además que en el pasado ya se implementaron medidas similares con programas como Cofopri, los cuales fragmentaron tierras comunales al otorgar títulos individuales. Según Trujillo Hilasaca, esto debilitó significativamente a muchas comunidades campesinas en el país.
Ante esta situación, el abogado sugiere que las federaciones nacionales de comunidades campesinas podrían presentar una demanda para declarar inconstitucional esta ley. Este sería un paso clave para proteger sus derechos y evitar la pérdida de sus territorios.
Iván Trujillo Hilasaca subraya que mantener las tierras como propiedad comunal trae beneficios importantes para las comunidades. Por ejemplo, les otorga prioridad en la explotación de recursos naturales como minerales y garantiza mayor control sobre fuentes de agua esenciales.
El abogado también cuestiona que el Congreso apruebe leyes que contradicen la Constitución. Según él, esto refleja posibles intereses ocultos de grupos poderosos que buscan aprovecharse de los recursos de las comunidades campesinas.
La Ley 32293 ha generado preocupación porque podría facilitar la expropiación de tierras para beneficiar a centros poblados menores o incluso a invasores. Esto resulta incompatible con el artículo 89 de la Constitución, que protege la propiedad comunal como imprescriptible.
Para Iván Trujillo Hilasaca, esta norma representa una amenaza directa al modelo colectivo de propiedad que ha sostenido a las comunidades campesinas durante generaciones. Su aprobación requiere un análisis profundo debido al impacto social y cultural que podría generar.
En este contexto, se hace urgente un debate nacional sobre los alcances reales de esta ley y sus implicancias para las comunidades campesinas. Según expertos como Trujillo Hilasaca, proteger estos territorios no solo es un tema legal sino también una cuestión de justicia histórica.
