La Defensoría del Pueblo en Puno advierte que la Ley 32330 incluye a adolescentes de 16 y 17 años en el sistema penal común, lo que viola sus derechos fundamentales, según Rocío Apaza Llanos, jefa de la Oficina Defensorial. La norma ya está vigente en todo el país y aplica sanciones severas para delitos graves.
La Ley 32330 formaliza la inclusión de jóvenes entre 16 y 18 años en el sistema penal ordinario peruano, lo que representa un cambio significativo en el tratamiento legal de adolescentes infractores. La Defensoría del Pueblo a nivel nacional rechaza esta medida y la considera un retroceso en la protección de derechos juveniles. Solicitan al Tribunal Constitucional revisar la norma y han enviado el oficio para iniciar una demanda de inconstitucionalidad.
Rocío Apaza Llanos señala que la ley carece de sustento técnico sólido y que esta observación fue presentada a la presidenta de la República antes de su promulgación. La Defensoría insiste en que los adolescentes de 16 y 17 años requieren protección especial del Estado, no inclusión en un sistema penal común que los expone a sanciones severas. La norma ignora principios internacionales y derechos humanos fundamentales para menores.
Rechazo y contexto legal
La Ley 32330 contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y el enfoque de derechos humanos que Perú está obligado a cumplir. La Defensoría propone fortalecer el sistema de justicia penal juvenil y priorizar políticas públicas de prevención de la delincuencia entre adolescentes. El Estado debe garantizar un trato adecuado y diferenciado para jóvenes infractores, evitando su criminalización en el sistema ordinario.
La norma parece diseñada para responder a la inseguridad en Lima, pero no considera la diversidad y particularidades del país. Otras instituciones vinculadas a la justicia también rechazan la ley por sus consecuencias negativas. La inseguridad ciudadana afecta a todo el país, pero la respuesta debe respetar derechos y ser efectiva. La Defensoría advierte que la ley no soluciona el problema y agrava la situación de los adolescentes.
El trabajo de la Defensoría incluye la preparación de una demanda de inconstitucionalidad para proteger a los jóvenes afectados. La entidad insiste en que la ley debe revisarse y modificarse para evitar daños irreparables a adolescentes en conflicto con la ley. El futuro de cientos de jóvenes está en juego y la justicia debe actuar con responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
Consecuencias y propuestas
El sistema penal ordinario impone penas altas que pueden llegar a cadena perpetua, lo que resulta desproporcionado para adolescentes. La Defensoría sostiene que la inclusión de menores en este sistema vulnera su derecho a una protección especial. El enfoque debe ser rehabilitador y preventivo, no punitivo para garantizar la reinserción social de jóvenes infractores.
La Defensoría plantea que el país fortalezca la justicia penal juvenil con políticas públicas que atiendan las causas de la delincuencia adolescente. La prevención y el acompañamiento son claves para reducir la reincidencia y proteger a los menores. La ley actual representa un retroceso y un riesgo para los derechos de los adolescentes en Perú.
