El proyecto de ley que pretende regular las actividades de las ONG, aprobado por el Congreso del Perú, ha sido rechazado por organismos internacionales que defienden los derechos humanos, según indicó Rolando Pilco Mallea, antropólogo y director del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA).
En una entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que la legislación, conocida por muchos como la «ley anti-ONG», tiene como objetivo limitar las operaciones de las organizaciones no gubernamentales bajo el pretexto de proteger el desarrollo nacional. Sin embargo, el antropólogo advirtió que en realidad lo que busca es silenciar las voces disidentes que se oponen al gobierno actual.
El director de IDECA resaltó que esta ley vulnera principios constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión. Aseguró que se trata de una estrategia del poder legislativo para acorralar a aquellos que cuestionan las acciones del gobierno en la escena política peruana.
El concepto de «desarrollo nacional», utilizado como justificación para la ley, ha generado gran controversia. Según Pilco, esta perspectiva choca frontalmente con las necesidades de las comunidades campesinas, cuyas demandas específicas no se ven reflejadas en la propuesta legislativa.
La aprobación de esta ley se da en un contexto de creciente tensión social, tras la masacre de Juliaca, un hecho que activistas han calificado como una grave violación a los derechos humanos. Además, hasta el momento, las autoridades no han dado respuestas satisfactorias sobre este tema.
El antropólogo también señaló que existe un discurso discriminatorio contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a quienes se les etiqueta despectivamente como «caviares». Este término, aunque diferente al «terruqueo» histórico, cumple una función similar: estigmatizar el trabajo humanitario.
La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por esta normativa. Diversos organismos se han pronunciado en contra, ya que consideran que atenta contra los principios democráticos. A pesar de esto, el Congreso continúa avanzando con su agenda de restricciones a la sociedad civil organizada, indicó.
Pilco Mallea recordó que, en medio de una crisis de seguridad, caracterizada por asesinatos y sicariato, las organizaciones afectadas por esta ley representan uno de los pocos contrapesos al poder estatal en el Perú actual.
