Una nueva ley de amnistía ha encendido la alarma en el país, la norma otorga beneficios a militares, policías y comités de autodefensa acusados de delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, poniendo en riesgo acceso a justicia para víctimas.
La normativa exime de responsabilidad a quienes enfrentan investigaciones o procesos, siempre que sus casos estén relacionados con acciones realizadas durante dicho periodo, esta medida abre la posibilidad de archivar juicios pendientes sin analizar las circunstancias particulares de cada situación.
El abogado Jacinto Ticona Huamán sostiene que la ley carece de un enfoque individualizado, explica que su carácter general genera riesgos de impunidad al impedir que los tribunales analicen responsabilidades específicas en crímenes de derechos humanos cometidos en ese contexto.
La amnistía excluye a personas vinculadas con actos de terrorismo o corrupción, en paralelo establece un beneficio denominado humanitario para miembros de las fuerzas del orden mayores de setenta años, siempre que no hayan sido condenados por estas conductas ilícitas.
Según Ticona Huamán, la norma debilita la obligación del Estado de sancionar violaciones graves como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, recuerda que un régimen democrático tiene el deber de investigar y sancionar estos hechos garantizando reparación a las víctimas.
El abogado advierte que la legislación choca con la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Perú, señala que la Corte Interamericana ya declaró inaplicable en 2001 una ley de amnistía emitida cinco años antes bajo circunstancias similares al caso actual.
Esta decisión judicial internacional se dio en el proceso conocido como Barrios Altos, concluyó que las normas de amnistía limitan de manera directa el derecho a la justicia de las víctimas y favorecen contextos de impunidad, sentado un precedente obligatorio para Perú.
La Constitución peruana en su artículo 44 establece la plena vigencia de los derechos humanos como una función esencial del Estado, Ticona Huamán afirma que la nueva ley no se ajusta a este mandato e incumple un deber establecido de forma explícita en la carta magna.
Otro aspecto señalado por el abogado es que el Estado peruano tiene la obligación concreta de investigar y sancionar estas violaciones, en consecuencia, la norma contradice no solo tratados internacionales sino también responsabilidades establecidas en la normativa interna.
Desde el plano político se plantea la amnistía como un camino hacia la reconciliación, sin embargo, Ticona Huamán indica que ninguna forma de reconciliación será legítima sin procesos de verdad, justicia y reparación que permitan atender el sufrimiento histórico de las víctimas.
El especialista advierte que la promulgación pública de la norma por la presidenta de la República no es casual, considera que se busca sentar un precedente que abra camino a futuras amnistías, principalmente en relación con hechos ocurridos en recientes crisis políticas.
Pese a ello, Ticona Huamán expresó confianza en el Poder Judicial, recordó que los jueces cuentan con la facultad de inaplicar leyes cuando resulten inconstitucionales o incompatibles con tratados internacionales, a través de un mecanismo conocido como control difuso.
Explicó también que este procedimiento no es automático, cada persona beneficiada deberá gestionar la aplicación de la amnistía en su proceso, lo que generará audiencias en las que participarán fiscales, defensores y representantes de las víctimas con distintos argumentos.
En el ámbito institucional existe la opción de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sin embargo la composición actual de este órgano podría determinar el resultado, incluso validando completamente la ley aprobada por la mayoría congresal.
Algunos legisladores anunciaron proyectos que buscan derogar la norma, aunque la correlación de fuerzas en el Congreso anticipa pocas probabilidades de éxito, la aprobación original mostró un respaldo mayoritario lo que dificultaría cualquier esfuerzo contrario en el corto plazo.
Finalmente, Ticona Huamán resalta la importancia de fomentar un debate académico y ciudadano, sostiene que la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe ser ampliamente explicada a la población para comprender la magnitud de las implicancias de esta amnistía en Perú.
