La fiscal Fanny Quispe Farfán coordina las fiscalías especializadas contra el crimen organizado en Perú. Durante una entrevista nocturna reveló los obstáculos legales y presupuestales que limitan su trabajo. La funcionaria denunció reducciones económicas que comprometen operaciones cruciales contra bandas criminales organizadas.
Quispe Farfán explicó que modificaciones legales recientes debilitaron la persecución del crimen organizado. El tipo penal ahora exige que los delitos base tengan penas superiores a cinco años. Esta restricción excluye estafas y fraudes informáticos de la categoría criminal organizada.
«No podemos legislar por casos concretos», declaró la fiscal al referirse a críticas sobre excesos anteriores. Las fiscalías operan diariamente con la policía nacional para desarticular estructuras criminales complejas. Ambas instituciones requieren coordinación estrecha sin divisiones internas que beneficien a delincuentes.
Limitaciones operativas afectan investigaciones
Las interceptaciones telefónicas tienen un plazo máximo de siete días según normas vigentes. Esta restricción temporal reduce las posibilidades de conocer métodos delictivos en zonas alejadas como la selva. Los criminales utilizan comunicaciones telefónicas en áreas rurales con mayor frecuencia.
«El crimen organizado no se ve en fragancia«, explicó Quispe Farfán sobre la complejidad investigativa. Las estructuras criminales requieren análisis paciente y sigiloso con planificación operativa especializada. Los fiscales necesitan herramientas como videovigilancia y agentes encubiertos para casos complejos.
Estados Unidos implementó intervenciones militarizadas contra bandas organizadas en Washington. El presidente Trump declaró que la capital federal presenta más criminalidad que ciudades latinoamericanas. Lima figura entre las urbes comparadas con índices delictivos elevados según autoridades estadounidenses.
Terrorismo y crimen requieren análisis diferenciado
El crimen organizado utiliza técnicas violentas para amedrentar operadores de justicia y funcionarios estatales. Las fiscalías de La Libertad sufrieron un atentado hace pocos meses dirigido contra instalaciones especializadas. Los criminales buscan generar terror para infiltrar instituciones democráticas.
«Hay un nexo entre terror y crimen«, reconoció la fiscal sobre métodos intimidatorios actuales. Sin embargo advirtió sobre la importancia de no banalizar conceptos como terrorismo. Este fenómeno tiene objetivos más amplios contra sistemas democráticos establecidos.
Una unidad de análisis estratégico fue aprobada recientemente bajo coordinación de Quispe Farfán. Esta herramienta permitirá conectar datos dispersos entre diferentes investigaciones fiscales. Teléfonos y vehículos pueden aparecer en múltiples casos sin conexión aparente inicial.
Crisis presupuestal amenaza operaciones futuras
«El Ministerio Público está golpeado en su presupuesto», denunció la fiscal sobre recortes económicos actuales. Las fiscalías perdieron un millón de soles para operativos especializados este año. Los allanamientos simultáneos requieren traslados fiscales costosos para cubrir múltiples inmuebles.
Agosto marca cuatro meses restantes del ejercicio fiscal con recursos insuficientes ya identificados. El nuevo presupuesto se presenta este mes sin respuestas oficiales sobre ampliaciones solicitadas. Las autoridades económicas no han respondido peticiones del Ministerio Público.
«Si en algo se debe invertir es en investigación», concluyó Quispe Farfán dirigiéndose al ministro de economía. Los recursos resultan fundamentales para desmantelar bandas organizadas y imponer penas graves. La lucha efectiva contra estructuras criminales requiere inversión estatal sostenida y herramientas tecnológicas modernas.
