El Tribunal Constitucional ordenó la reincorporación inmediata de Binacional a la Liga 1 2026, declarando fundada su demanda contra la FPF por la sanción de 15 puntos que provocó su descenso a segunda división, colocando entre la espada y la pared a Agustín Lozano Saavedra.
El TC fundamentó el fallo en tres razones, vulneración del debido proceso, del principio de igualdad y del derecho a la participación deportiva profesional, dando a la FPF 10 días hábiles para cumplir la sentencia bajo multas progresivas desde 20,000 soles.
«FIFA prohíbe tajantemente la intervención de tribunales ordinarios en asuntos deportivos», advierte el artículo 59 del Estatuto FIFA, por lo que acatar al TC implicaría suspensión inmediata del fútbol peruano a nivel internacional.
Consecuencias para el fútbol peruano y la FPF
Antecedentes internacionales como Kuwait, Zimbabue e India, suspendidos entre 18 meses y 2 años por interferencia judicial, muestran que FIFA actúa con dureza cuando la justicia ordinaria interviene en decisiones deportivas de las federaciones nacionales.
La suspensión de Perú paralizaría la selección en eliminatorias y amistosos, excluiría a los clubes de la Libertadores y Sudamericana y detendría todas las categorías formativas y el fútbol femenino, un daño sin precedentes para el deporte nacional.
La única salida viable para Lozano sería negociar directamente con Binacional, ofreciendo un acuerdo que incluya ascenso asegurado para el 2027 y compensaciones económicas, antes de que el poder judicial actúe contra él directamente.
