El oficial Marco Johnny Montoya, acusado de asesinar a un campesino durante protesta social, recibirá 180 mil soles del Ministerio del Interior para su defensa legal. Esta revelación impacta a la ciudadanía mientras el gobierno prohíbe a las ONG apoyar a víctimas.
Según lo expuesto por el padre Luis Zambrano de la parroquia Pueblo de Dios, esta decisión genera gran polémica pues la ley ahora prohíbe a organizaciones sin fines de lucro defender a víctimas de represión estatal bajo el riesgo de multas o cierre.
Esta situación lleva a preguntarse quién gobierna realmente el Perú, pues una reciente encuesta indica que el noventa por ciento de la población cree que grupos mafiosos manejan el país aumentando la desconfianza ciudadana considerablemente.
Además, la presidenta, señalada como «servidora de la señora K», se aumentó el sueldo a más de 35,000 soles mensuales además de utilizar una tarjeta de cinco mil soles para gastos de comida, aparte de lo que recibe.
Muchos ciudadanos se preguntan si la mandataria parece enfocarse en acumular dinero para su vejez en lugar de trabajar por el pueblo lo cual genera un fuerte rechazo popular.
Ante este panorama, el 68% de peruanos busca votar por un partido nuevo pues la población necesita elegir autoridades que prioricen el bienestar común, dando así alimento, trabajo y salud a los más necesitados.
