El panorama político en Venezuela se tensa a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro, en un reciente mitin en Maturín, lanzó fuertes acusaciones contra los candidatos opositores Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez. Según Maduro, estos candidatos pretenden denunciar fraude en los comicios debido a su negativa a firmar un acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales.
Las palabras del mandatario venezolano fueron contundentes: “¿Por qué creen ustedes que ellos no firmaron el acuerdo para respetar al CNE y los resultados? Porque ellos pretenden gritar fraude, porque pretenden traer la guarimba, la violencia y el golpe de Estado”. Esta declaración refleja la creciente tensión en el ambiente preelectoral y la desconfianza mutua entre el gobierno y la oposición.
Por su parte, los candidatos aludidos han explicado sus razones para no firmar el acuerdo. González Urrutia, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, argumentó que el acuerdo es “redundante” y que las garantías ya están contempladas en el Acuerdo de Barbados, el cual, según él, ha sido violado por el gobierno. Márquez, en cambio, calificó el acuerdo como “no legal, unilateral, inconsulto e inútil”, justificando así su negativa a suscribirlo.
Es importante destacar que ocho de los diez candidatos presidenciales, incluyendo a Maduro y otros aspirantes considerados por la oposición tradicional como afines al gobierno, sí firmaron el acuerdo. Este documento establece, entre otros aspectos, el compromiso de reconocer que el organismo electoral ha cumplido con las garantías electorales necesarias. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil venezolana han cuestionado este punto.
El presidente Maduro no escatimó en advertencias durante su discurso: “Derecha fascista, si te comes la luz, lo vas a lamentar. Este pueblo unido no te va a permitir más guarimba, no a la violencia”. Estas declaraciones se suman a previas acusaciones del mandatario sobre supuestos planes de violencia por parte de la oposición. No obstante, los sectores opositores han insistido en su compromiso con una transición pacífica a través del voto, denunciando al mismo tiempo una sistemática persecución en su contra con intenciones de “criminalizar la ruta electoral”.
La situación política en Venezuela se ha visto agravada por la detención de al menos 37 dirigentes políticos y líderes sociales en lo que va del año, acusados de organizar supuestos planes desestabilizadores. Este hecho ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en duda la transparencia y equidad del proceso electoral.
En este contexto, varios gobiernos, incluyendo el de Brasil, han reiterado la importancia de contar con una “amplia presencia de observadores internacionales” durante los comicios venezolanos. Asimismo, han manifestado su respaldo a los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados, buscando así contribuir a un proceso electoral transparente y democrático en Venezuela. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, esperando que prevalezca la voluntad popular y se respeten los principios democráticos fundamentales.
