Cuatro docentes cesantes protagonizaron una protesta en la Dirección Regional de Educación de Puno tras descubrir que casi 600 mil soles destinados al pago de su Compensación por Tiempo de Servicios desaparecieron de la UGEL Yunguyo. Los educadores esperaron medio año para cobrar beneficios laborales legalmente adquiridos.
Pablo Aceituno Vargas, Felicitas Clarita Coarita, Filomena Lujano Chambilla y Fredy Huarachi Iturri sospechan de una presunta malversación de fondos públicos en la UGEL Yunguyo. Los cuatro maestros cesaron el año pasado, debieron cobrar su CTS en enero de 2025, pero descubrieron que la anterior gestión dispuso irregularmente de estos recursos destinados a su deuda social.
La documentación oficial revela la existencia de un acta donde planean el desvío de los saldos presupuestales correspondientes al 2024, recursos que legalmente debían destinarse al pago de la deuda social con los docentes cesantes. Esta evidencia documental constituye la prueba central de la presunta malversación denunciada por los afectados ante las autoridades competentes.
Los maestros indignados viajaron hasta Puno para encadenarse y exigir el pago inmediato de sus beneficios laborales, una medida desesperada que refleja el agotamiento de las vías administrativas normales. La protesta busca llamar la atención de las autoridades regionales sobre la situación irregular que afecta sus derechos como extrabajadores del sector educación.
El Ministerio de Educación informó el 1 de agosto al director de la UGEL Yunguyo, Luis Marino Calcina Tito, que el sector cumplió con habilitar el presupuesto para el pago de CTS de los extrabajadores. La comunicación oficial establece responsabilidades claras sobre la ejecución de los recursos ya financiados en su oportunidad correspondiente.
La cartera educativa precisó que «no corresponde llevar a cabo una nueva habilitación» de recursos presupuestales por beneficios que ya fueron financiados previamente, trasladando la responsabilidad total de la ejecución al despacho de la UGEL Yunguyo. Esta declaración oficial contradice cualquier justificación sobre falta de recursos para cumplir con las obligaciones laborales pendientes.
La situación evidencia un presunto desvío de fondos públicos que afecta directamente los derechos laborales de docentes que cumplieron años de servicio en el sistema educativo peruano. Los 600 mil soles desaparecidos representan no solo un monto económico significativo, sino también la vulneración de derechos fundamentales de trabajadores del Estado.
Los cuatro docentes cesantes mantienen su protesta hasta obtener respuestas concretas sobre la devolución de sus beneficios laborales, mientras las autoridades educativas deben esclarecer el destino final de los recursos públicos destinados al pago de compensaciones por tiempo de servicios en la UGEL Yunguyo durante la gestión anterior.
