Una medida cautelar emitida por el Primer Juzgado Civil de San Román en Juliaca repuso a Félix Cristóbal Ochatoma Paravicino como rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), apenas días después de que SUNEDU reconociera oficialmente a Milthon Quispe Huanca como rector interino, intensificando la férrea disputa por el control de la institución universitaria puneña.
El juez Holger Mario Cajma Mamani fundamentó su decisión en la Resolución N° 02 del 9 de junio de 2025, determinando que la vacancia de Ochatoma Paravicino vulneró flagrantemente sus derechos constitucionales al debido proceso y defensa. La medida cautelar suspende provisionalmente los efectos de la Resolución N° 001-2025-UANCV-AU-R del 14 de abril de 2025 que lo separó del cargo rectoral.
El magistrado aplicó rigurosamente los artículos 18 y 19 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establecen los requisitos para conceder medidas cautelares en procesos de amparo. Estos preceptos legales exigen demostrar “apariencia de derecho”, “peligro en la demora” y “adecuación de la pretensión” para proteger contenidos constitucionales contra actos presuntamente violatorios de derechos fundamentales.
La argumentación judicial destacó que la autoconvocatoria a la “Asamblea Universitaria Extraordinaria” del 8 de abril violó el derecho de defensa al establecer que Ochatoma ejercería tal derecho “en dicho acto”. El documento anexo 1-J evidenció que no se comunicaron previamente los cargos específicos, impidiendo una defensa técnica adecuada conforme al artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Perú.
El juzgado identificó una “acusación sorpresiva” en el procedimiento disciplinario universitario. La Resolución de vacancia incluyó como causal que el rector viajó los días 27 y 28 de marzo de 2025 sin encargar el despacho rectoral, supuesta infracción al artículo 23 del Estatuto Universitario y al numeral 76.5 del artículo 76 de la Ley Universitaria, cargo jamás mencionado en la solicitud inicial del egresado Alex Eduardo Capquequi Hilasaca.
La resolución judicial aplicó jurisprudencia del Tribunal Constitucional, citando los expedientes N° 03721-2022-PA/TC, N° 04010-2023-PA/TC y N° 03581-2017-PA/TC, que establecen que el derecho de defensa trasciende el ámbito judicial y se extiende a procedimientos administrativos y disciplinarios de entidades públicas o privadas. El magistrado enfatizó que el debido proceso debe observarse “cualquiera que fuese su naturaleza” del procedimiento.
El “periculum in mora” se configuró al demostrar que los demandados realizan gestiones ante SUNEDU y la comunidad universitaria, afectando trámites administrativos de estudiantes, egresados y personal docente. El juez determinó que estas acciones generan “malestar y paralización parcial de actividades”, consolidando una situación jurídica de hecho difícil de revertir que tornaría ineficaz cualquier pronunciamiento judicial posterior favorable.
La medida cautelar de “innovar” busca “alterar el estado de hecho o de derecho existente”, conforme al artículo 682 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. El juzgado consideró que la suspensión de la vacancia resulta “razonable, idónea y necesaria” para preservar la eficacia de la sentencia futura, sin afectar desproporcionadamente el interés público ni el funcionamiento institucional universitario.
La enconada batalla judicial se desarrolla en el expediente N° 00360-2025-88-2111-JR-CI-01, tramitado por el especialista Richard Omar Inofuente Bellido. La resolución ordena oficiar a la UANCV para el “inmediato y estricto cumplimiento” bajo apercibimiento de comunicar al Ministerio Público cualquier desacato a la medida cautelar, evidenciando la gravedad del conflicto institucional que atraviesa la universidad puneña.
Esta decisión judicial representa un giro dramático en la disputa rectoral que mantiene en vilo a la comunidad universitaria de la UANCV. Mientras SUNEDU reconoció oficialmente a Quispe Huanca como rector interino, el Poder Judicial restituye temporalmente a Ochatoma Paravicino, configurando un escenario de incertidumbre institucional que se resolverá definitivamente cuando se emita sentencia en el proceso principal de amparo constitucional.
