El dirigente juliaqueño Orlando Fernández Sejje denunció graves irregularidades en la reciente adquisición de 21 retroexcavadoras y 6 martillos hidráulicos por parte del Gobierno Regional de Puno, una compra valorizada en 30 millones de soles. A más de un mes de su entrega, la maquinaria permanece inutilizada en un galpón debido a problemas técnicos y presuntos actos de colusión por parte de funcionarios públicos.
Según Fernández, las retroexcavadoras no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia. Uno de los puntos más críticos es la falta de jaulas metálicas de protección en las cabinas, fundamentales para garantizar la seguridad de los operadores en zonas de alto riesgo como la región de Carabaya. En lugar de resolverlo de manera adecuada, el gobierno regional intentó instalar las protecciones de forma artesanal, lo que evidencia deficiencias en la gestión.
El dirigente también alertó sobre los martillos hidráulicos, que resultaron incompatibles con las excavadoras adquiridas. Durante las pruebas iniciales, las mangueras reventaron, impidiendo su funcionamiento y confirmando que los equipos presentan fallas técnicas que los harían inoperables. Fernández criticó duramente la adquisición, afirmando que se trata de maquinaria que “nunca va a trabajar” y que representa una pérdida económica para la región.
La denuncia involucra al gobernador Richard Hancco Soncco y a otros cinco funcionarios, acusados de posible colusión en el proceso de compra. Ni el residente del proyecto, John Ticona Lerma, ni el supervisor, Joel Osmar Apaza Coaquira, han firmado la recepción de los equipos, lo que refuerza las sospechas de irregularidades. La paralización de la maquinaria no solo afecta el desarrollo de obras en la región, sino que también podría constituir un delito administrativo que exige una pronta investigación.
