La Organización Nacional de Familias Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 convoca a una marcha de sacrificio este 21 de enero, ellos partirán de Juliaca a Lima, para exigir justicia por más de 50 peruanos asesinados durante las protestas. La movilización busca verdad, reparación y castigo contra los responsables.
El presidente nacional de la asociación de víctimas, Raúl Samillan Sanga, lidera el llamado al pueblo peruano, organizaciones sociales, comunidades campesinas y pueblos originarios. La convocatoria incluye sindicatos, estudiantes, mujeres, juventudes, iglesias, colectivos culturales y prensa alternativa para unirse en una sola voz popular.
La organización remarca que las balas del Estado provocaron más de 1.500 heridos, muchos con secuelas permanentes. Las familias afectadas incluyen huérfanos, viudas y hogares empobrecidos abandonados por las autoridades. Los manifestantes sostienen que sus muertos tienen nombre y la historia exige verdad sin impunidad.
Además, los convocantes responsabilizan directamente a Dina Boluarte, Alberto Otárola y ministros involucrados por esconderse tras el poder. Las víctimas cargan con las consecuencias de decisiones políticas mientras los funcionarios evaden la justicia. La marcha rechaza cualquier blindaje, pacto o amnistía encubierta para los responsables.
Asimismo, la movilización convoca al pueblo andino, amazónico y costeño que lucha por pan, tierra, trabajo y vida. Los organizadores aclaran que «esta marcha no es partidaria, no es electoral, no es violenta», sino un acto de memoria, sacrificio y dignidad del pueblo unido.
Por otra parte, las demandas incluyen justicia inmediata, castigo a responsables materiales y políticos, atención integral para heridos y reparación digna para familias. La organización exige respeto a la independencia de fiscales y jueces, además del compromiso de nunca más usar balas contra el pueblo peruano.
Finalmente, los interesados pueden sumarse contactando al número celular 934603252 para coordinar apoyo y organización. La convocatoria declara que «callar es ser cómplices» y afirma que la dignidad no se negocia. El lema principal sostiene: «Nuestros muertos tienen nombre y el Estado debe responder».
