La insistencia de taxistas formales de Puno, amenaza con colapsar el sistema de transporte público, mientras la Municipalidad Provincial de Puno enfrenta una de sus mayores crisis. Más de 2,300 conductores de 63 empresas suspendieron el pago de derechos municipales, exigiendo cambios normativos que frenen definitivamente la competencia desleal de vehículos informales.
Las empresas de radiotaxis pusieron en jaque a la administración municipal debido a la proliferación descontrolada de taxis “piratas” que operan sin cumplir requisitos legales. Desde hace varias semanas, los transportistas formales declararon una rebeldía total contra el pago de derechos, condicionando su regularización hasta que las autoridades municipales actúen contra la informalidad.
Gerentes de estas empresas, sitiaron las oficinas de Transportes de la Municipalidad Provincial, exigiendo respuestas inmediatas sobre la modificación de la Ordenanza Municipal 084-2021. La reunión involucró a los regidores Salvador Hancco Aguilar, Arturo Mamani Pandia, Lizardo Rojas Bustinza y el nuevo gerente Elard Castillo Terrazas.
Los dirigentes expresaron su molestia por la decisión del concejo de no aprobar la modificación normativa durante la sesión anterior, alegando que esta actitud ampara directamente la informalidad. La frustración empresarial se intensificó cuando conocieron que un socio de “Taxi independiente” presentó una oposición que paralizó el debate legislativo municipal.
La Ordenanza 084-2021-MPP regula la aplicación de multas y sanciones administrativas, estableciendo el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones para la municipalidad. Esta norma se convierte en el elemento central del conflicto entre transportistas formales e informales, quienes disputan su interpretación y alcances legales.
Las empresas formales suspendieron el pago de emisión de tarjetas de circulación y las constataciones vehiculares anuales hasta que se promulgue la modificación solicitada. La autoridad municipal extendió la validez de estos documentos hasta el 30 de agosto, pero los taxistas amenazan con radicalizar sus medidas.
Valentín Ortega, gerente de la empresa Kamake, aclaró a los regidores que no deberían haber frustrado la aprobación de la modificación normativa, ya que su objetivo principal es afianzar la formalidad. “No tiene nada que ver que ellos indiquen que quieren formalizarse, la modificación no está en contra de eso”, expresó categóricamente.
