El inicio de la obra para el Colegio de Alto Rendimiento, COAR, en Juliaca quedó completamente paralizado, el abogado Iván Trujillo Hilasaca explicó que una medida cautelar de no innovar, dictada por un juez, impide cualquier cambio legal o físico en el terreno donde se iba a levantar el colegio, esta decisión judicial responde a una demanda presentada por un sindicato de trabajadores.
El sindicato busca que se declare nula una resolución administrativa emitida por el gobierno regional en 2020, ese documento es el eje de la controversia, el abogado Trujillo Hilasaca detalló que la ley de contrataciones del Estado exige que el terreno esté saneado física y legalmente antes de empezar cualquier obra, ese requisito no se puede cumplir por la medida cautelar vigente.
Según el abogado, la norma y la directiva sobre obras por administración directa establecen que el saneamiento del terreno es un paso previo obligatorio, la medida cautelar dictada por el juez impide que se realicen los trámites necesarios para sanear el predio, por lo tanto, el estado actual del terreno queda congelado y no se puede avanzar en el proyecto.
El juez concedió la medida cautelar porque el sindicato logró demostrar la verosimilitud del derecho, es decir, presentó documentos que, a simple vista, muestran que su reclamo tiene fundamentos, el juez valoró estas pruebas y consideró que había elementos suficientes para detener cualquier acción sobre el terreno mientras se resuelve el juicio.
El proceso judicial principal determinará si el sindicato cumplió con los plazos legales para pedir la nulidad de la resolución, había un límite de tres años para presentar la demanda por la vía judicial, además, se verificará si el sindicato agotó primero la vía administrativa, lo que significa que debían solicitar la nulidad directamente al gobierno regional antes de recurrir a los tribunales.
Frente a este escenario, el abogado Iván Trujillo Hilasaca señaló que los ciudadanos no forman parte directa de este proceso judicial, la legitimidad para actuar en el juicio recae únicamente en las partes involucradas, es decir, el sindicato demandante y las entidades públicas demandadas, ellas son las que pueden presentar recursos y responder ante el juez.
Las entidades públicas notificadas tienen un plazo legal para oponerse a la medida cautelar, este recurso será revisado por una instancia judicial superior, el abogado Trujillo Hilasaca estima que la resolución sobre la oposición podría demorar entre tres y seis meses, mientras tanto, el proyecto del COAR sigue detenido y no se puede iniciar ningún trámite administrativo ni técnico.
El proceso principal sobre la nulidad de la resolución administrativa podría extenderse por un año o año y medio en primera instancia, si alguna de las partes apela, el caso podría prolongarse mucho más, incluso llegar a durar varios años, esta situación deja en incertidumbre el futuro del colegio y afecta directamente a los estudiantes de la región.
El abogado Trujillo Hilasaca manifestó que considera lamentable que el gobierno central no busque una solución que beneficie a todas las provincias de Puno, en lugar de fomentar disputas por la ubicación de la obra, esta percepción es compartida por varios actores locales, quienes ven con preocupación el retraso en la ejecución de un proyecto clave para la educación regional.
Mientras tanto, las autoridades locales y regionales continúan discutiendo sobre la mejor ubicación para el COAR, algunos sectores insisten en que el terreno de Juliaca es el más adecuado, mientras que otros proponen trasladar el proyecto a la ciudad de Puno, donde aseguran que el terreno ya está saneado y listo para iniciar la construcción.
La población de Juliaca y de otras provincias observa con frustración cómo una obra esperada por años queda en suspenso por disputas legales y administrativas, el futuro del COAR dependerá de la rapidez con que se resuelvan los procesos judiciales y de la capacidad de las autoridades para tomar decisiones que prioricen el bienestar educativo de los jóvenes puneños.
