La Contraloría General de la República ha identificado una situación crítica en la Municipalidad Distrital de Nuñoa, provincia de Melgar, donde la falta de presupuesto anual para la Procuraduría Pública está afectando gravemente su operatividad. Esta deficiencia impide que la procuraduría cumpla adecuadamente con sus funciones de defensa jurídica del Estado, según un informe reciente del órgano de control.
El informe de la Contraloría señala que la Municipalidad de Nuñoa no ha asignado los recursos necesarios para el funcionamiento de su procuraduría, incumpliendo el Decreto Legislativo N° 1326 y su reglamento. Esta normativa establece la obligación de las entidades públicas de proveer los recursos logísticos y financieros para sus órganos de defensa jurídica. La falta de presupuesto impide que la Procuraduría cuente con medios informáticos y mobiliario adecuados.
La situación se agrava debido a que la Municipalidad argumenta un recorte presupuestal que afecta su economía durante los años 2023 y 2024, lo que ha generado un déficit presupuestario. Esta justificación, sin embargo, no exime a la entidad de su obligación de asegurar el funcionamiento de la Procuraduría Pública, la cual es fundamental para la defensa de los intereses del Estado.
La Procuraduría General del Estado ha solicitado a la Contraloría que verifique el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1326 y su reglamento. En respuesta, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar realizó una revisión de la situación de la Procuraduría de Nuñoa, confirmando la falta de presupuesto y recursos.
Esta carencia de recursos pone en riesgo la correcta operatividad y el desempeño de la Procuraduría Pública Municipal. La falta de presupuesto impacta negativamente en su capacidad de defender los intereses del Estado, lo que puede generar consecuencias adversas en procesos legales.
Sexto párrafo: La Contraloría ha emitido una serie de recomendaciones al titular de la Municipalidad de Nuñoa para que adopte medidas correctivas. Se ha solicitado que informe en un plazo de cinco días hábiles sobre las acciones tomadas para asegurar la asignación de recursos necesarios para la Procuraduría Pública y garantizar su adecuado funcionamiento.
