Mientras los pobladores del distrito de Chupa (Azángaro) protestan en Puno, desde Juliaca el congresista Carlos Zeballos Madariaga insiste en que su fiscalización al proyecto de defensas ribereñas del río Karimayo —valorizado en S/9 millones— no es oposición, sino un llamado a la transparencia. Zeballos denunció que el proceso, ejecutado por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), presenta «indicios de irregularidades» que podrían afectar su desarrollo, especialmente al realizarse en temporada de lluvias, lo que, según él, «facilitaría ampliaciones de plazos y sobrecostos innecesarios».
El proyecto importante para proteger a la población de inundaciones, enfrenta cuestionamientos por su ejecución en condiciones climáticas adversas. Zeballos advirtió que «las lluvias y la crecida del río no son excusas, son riesgos que deben gestionarse con transparencia». El congresista señaló que, históricamente, obras en estas condiciones han generado «adicionales injustificados», perjudicando al Estado y a las comunidades que más necesitan las defensas ribereñas.
El alcalde de la comuna local de Chupa, Antonio Machaca Mamani, argumentó que «no se puede iniciar la obra en época de lluvias», pero Zeballos respondió que esta justificación es recurrente para ocultar irregularidades. «¿Por qué no se planificó mejor? ¿Por qué no se consideraron los informes técnicos?», cuestionó, recordando que la Contraloría ya investiga presuntos actos de corrupción en la selección del consorcio ganador, donde se detectaron documentos incompletos.
Zeballos también criticó la falta de reacción del alcalde cuando la Contraloría alertó sobre posibles maniobras en el proceso. «¿Por qué no protestó entonces? Ahora aparece en estado sospechoso, justo cuando se discuten las irregularidades», afirmó, refiriéndose a la llegada de Machaca a una reunión clave en condiciones que, según el congresista, «no eran aptas para dialogar». Las cámaras de vigilancia y testimonios respaldarían esta versión.
El presupuesto del proyecto, aunque garantizado, podría verse afectado si no se corrigen las observaciones. Zeballos recordó casos como el de Juliaca, donde su fiscalización evitó la pérdida de fondos públicos. «No vamos a permitir que se repita: el dinero debe ejecutarse, pero con procedimientos limpios», enfatizó, subrayando que su rol es velar por el uso correcto de los recursos, no obstaculizar obras necesarias.
La población de Chupa, afectada por inundaciones recurrentes, exige la ejecución inmediata del proyecto. Sin embargo, Zeballos advirtió que «la prisa no puede ser sinónimo de corrupción». El congresista solicitó la separación del administrador y el director del PEBLT para evitar que posibles actos ilícitos queden impunes, y anunció que seguirá presentando pruebas ante la Contraloría y el Congreso.
Mientras las protestas continúan, Zeballos reafirmó que su labor no es ser «el malo», sino garantizar que los S/9 millones se inviertan sin irregularidades. «Fiscalizar no es oponerse, es proteger al pueblo», concluyó, instando a las autoridades a actuar con transparencia. La Contraloría analiza ahora las denuncias, y los resultados podrían definir el futuro de una obra que, para los chupeños, es una esperanza contra las inundaciones.
