El traslado de las investigaciones a Lima de los crímenes cometidos por los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el contexto de las protestas ciudadanas de diciembre 2022 y enero 2023 en Juliaca y Ayacucho, es preocupante y un retraso en la investigación, dijo el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Miguel Jugo.
En Razón Libre de Pachamama radio, calificó esta decisión del Ministerio Público de “ineptitud” porque no sabe qué hacer con estos casos y consideró que esta investigación debería ser asumida por los fiscales de cada región.
“Preocupa que se estén produciendo constantes cambios para este tipo de investigación. En el caso de Puno, primero lo veía la Fiscalía de Crimen Organizado, después la pasaron a la Fiscalía común, luego se creó una la Fiscalía de Derechos Humanos y ahora la trasladan a Lima”, indicó.
En el caso particular de Ayacucho, la semana pasada, en dos ocasiones, se frustró una declaración, después decidieron trasladar el proceso a Lima y esta concentración de la investigación en la capital de los casos de esta región y de Juliaca, solo va a generar retrasos y eso es lo que no se quiere, declaró.
