El fiscal superior Frank Robert Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, confirmó que la minería ilegal en Puno avanza sin control y amenaza con convertir la región en un nuevo foco de violencia, similar a lo ocurrido en Pataz, pero las autoridades no pueden intervenir por falta de recursos y equipamiento.
Frank Robert Almanza Altamirano precisó que Puno integra la lista de al menos diez zonas críticas del país, donde la minería ilegal se desarrolla en distritos como Sandia, Patambuco, Yanahuaya, San Juan del Oro, Ayapata y San Gabán, áreas de alto riesgo ambiental y social, pero sin operativos sostenidos debido a la ausencia de presupuesto para las fiscalías ambientales.
El fiscal explicó que, pese a la gravedad del fenómeno, las fiscalías ambientales no cuentan con presupuesto asignado para este año, lo que impide la compra de equipos básicos como chalupas, brújulas, linternas y bolsas de dormir, indispensables para operar en zonas de difícil acceso como la selva y el altiplano puneño.
La falta de recursos y herramientas logísticas limita la capacidad de respuesta institucional y expone a las comunidades locales a riesgos crecientes, además de dificultar la protección de áreas naturales y la seguridad de los funcionarios que intentan intervenir en estos territorios.
Frank Robert Almanza Altamirano señaló que el marco legal actual presenta vacíos importantes, ya que solo sanciona la extracción ilegal de minerales, pero no el transporte, almacenamiento, compra y venta del oro obtenido de manera ilícita, lo que permite que gran parte de la cadena de comercialización permanezca impune.
El fiscal mencionó que, aunque este año se han abierto más de setecientas investigaciones por minería ilegal y delitos conexos en el país, las sentencias condenatorias son mínimas y los cambios normativos han debilitado herramientas clave como la extinción de dominio, dejando al sistema judicial con menor capacidad para desarticular redes criminales.
La situación en Puno refleja un problema nacional, donde la minería ilegal crece en regiones con alto potencial de conflictividad, pero las autoridades enfrentan obstáculos legales y logísticos que impiden una acción efectiva y sostenida para proteger el ambiente y la seguridad de las comunidades afectadas.
